«Lamentamos el cambio de criterio del juez del caso Princesa Son Bou, porque jurídicamente no está justificado. Ningún hecho nuevo motiva que se modifique la decisión de la providencia del 20 de marzo por la que se nos daba una prórroga para facilitar una solución urbanística». De este modo se expresaba ayer la consellera de Ordenación del Territorio, Susana Mora, ante la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma de aceptar el recurso de reposición presentado por la promotora, con lo que ordena al Consell que haga efectivo el pago de la indemnización que, con los intereses acumulados, alcanza los 7 millones de euros. Una decisión que «nos aboca a una situación muy complicada».
Mora no se rinde, «agotaremos todas las vías». El Consell aprovechará la posibilidad de presentar un recurso de apelación en un plazo de quince días que otorga el juez, y lo hará en base a esta inexistencia de cambios en la situación del proceso desde el pasado 20 de marzo. «El PGOU de Alaior ya era nulo entonces, esta última decisión no se sustenta».
Es más, la consellera asegura que el Consell ha sido «proactivo» al respecto, subrogándose la adaptación del PGOU de Alaior, con los trabajos del nuevo PTI, buscando salidas urbanísticas al conflicto, con la misma solicitud de la prórroga, algo que «debe valer para recuperarla». Además, se encontró el informe de Telecomunicaciones cuya inexistencia motivó la anulación del PGOU de 2009 y, con ello, la confirmación de la indemnización a Princesa Son Bou. Está sobre la mesa la posibilidad de acogerse a esta aparición del informe para instar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, opción que todavía el equipo de gobierno del Consell está valorando. «Podría haber margen para ello», comenta Mora.
En cuanto a las críticas del PP, que señalan al PTI y a los pactos de izquierdas como responsables de la indemnización, Mora afirma «sin querer entrar en guerras» que el PTI no es el problema y que el PGOU de Alaior se aprobó en 2009 en el plazo que correspondía, pero que fue a partir de 2013 cuando el juez reclamó la documentación y el equipo de gobierno municipal, liderado por Misericordia Sugrañes, no fue diligente a la hora de buscarlo, «el Ayuntamiento de Alaior hizo entonces una mala gestión del procedimiento judicial que ha llevado a esto».