El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran, Ramón Verdú, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Ciutadella una prórroga de 18 meses en el plazo de instrucción de la causa contra el alcalde Pere Moll y la exconcejala Elena Baquero por la reforma de los apartamentos de Sant Tomàs, para evitar que este caso urbanístico quede archivado.
La oposición municipal, que presentó la querella inicial por presuntas irregularidades en la concesión de las licencias para reformar los apartamentos de los complejos Llebeig y Mestral, reclama además que se practiquen las pruebas testificales que solicitó hace ya cuatro meses sin que hasta ahora, reprocha, haya habido una respuesta del juzgado.
El escrito de alegaciones se presenta después de que la fiscalía emitiera su conclusión de que «no existen indicios de delito alguno» en el caso y de que comunicara al juez que no ve necesario practicar ninguna prueba más ni declarar la complejidad de la investigación, que los denunciantes consideran que en realidad, no se ha llevado a cabo en profundidad. El querellante muestra su disconformidad con el escrito del fiscal y por ello solicita la ampliación de la fase de instrucción del caso. Una prórroga para que testifiquen la persona que llevó a cabo la inspección en los apartamentos Llebeig y Mestral; el jefe de la Policía Local de Es Migjorn Gran, en relación también a dicha inspección; la secretaria interina del Consistorio; la arquitecta y miembro de los servicios técnicos del Ayuntamiento; y una funcionaria municipal.
En las alegaciones se reitera la petición de que el Ayuntamiento de Es Migjorn remita al juzgado copia testimoniada de cinco expedientes a nombre de Agrytursa, la empresa participada por el marido y el cuñado de Elena Baquero, así como que se declare la complejidad de la investigación, dado que requiere el análisis de abundante documentación y un «complicado análisis, al tratarse de cuestiones urbanísticas».
La parte querellante afirma que le «cuesta entender» la actuación de la fiscalía y que «tras la simple declaración de los investigados y amparándose solo en la redacción de la demanda, solicite la inadmisión de la querella». El propio fiscal recuerda, en su escrito de abril de 2017 afirmó que «efectivamente pudieron existir irregularidades en cuanto a la ausencia de trámites preceptivos previstos en la normativa reguladora en materia urbanística».
El Ayuntamiento concedió licencia para reformar nueve apartamentos, pero se hizo obra en 82.