El Ayuntamiento de Ciutadella está a a la espera de que los okupas que actualmente residen de forma ilegal en los números 1, 3 y 5 de la calle Bisbe Juano abandonen los citados inmuebles, una vez ya se les ha presentado una orden oficial de desalojo. Así lo confirmó la alcaldesa Joana Gomila, quién destacó que «las propiedades fueron expropiadas mediante un largo proceso que acabó en un justiprecio. Como equipo de gobierno decidimos actuar de esta forma porque las parcelas están marcadas como zona verde en la modificación del actual PGOU, cumplimos con lo que marca la ley. Es cierto que ahora nos encontramos con que un grupo de personas ha entrado a vivir de forma ilegal. Y, por ello, estamos realizando todos los movimientos pertinentes para que esta situación llegue a su fin».
Así, Gomila confirmó que hace más de un mes se identificó a los ocupantes. También se las ha entregado una orden oficial de desalojo. Y que el tema ya llegó a terreno judicial, tras la presentación de una denuncia. Sin embargo, un juez desestimó la causa. Por todo ello, en caso de que la situación se enrocase el Ayuntamiento comenzaría un procedimiento de tipo civil. «La solución no es instantánea. Eso está claro. Cuando se inicia un proceso de este tipo y se presenta una orden de desalojo no esperas a que las casas donde están sean abandonadas al día siguiente. Lo que está claro es que son parcelas que no puede ser utilizada como inmuebles», apostilló Gomila.
Servicios Sociales
Durante el día de ayer una furgoneta de Social Càtering –iniciativa gestionada por la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca gracias a un acuerdo con los Servicios Sociales de varios ayuntamientos de la Isla– realizó una parada en uno de los tres inmuebles expropiados en su reparto por la ciudad de Ponent.
Consultada por este hecho, la alcaldesa de Ciutadella fue contunendente en sus argumentos: «Una de las personas que están en las casas de Bisbe Juano cuenta con una prestación aprobada por los Servicios Sociales. Al parecer, tuvo que abandonar su anterior residencia por motivos personales y ahora está viviendo allí. Hablamos de un derecho que no se debe mezclar con la ocupación ilegal de una vivienda. Quizá algunas personas hayan hecho una lectura equivocada –o malintencionada– de lo que ocurre. Si Servicios Sociales determina que se debe recibir una asistencia concreta creo que lo más lógico como administración municipal es proporcionarla».
Intenciones claras
Desde el Ayuntamiento apuntaron ayer que estimar el tiempo que puede tardar el proceso de desocupación de las casas de Bisbe Juano es bastante difícil. Eso sí remarcaron que son terrenos que no deben ser utilizados como viviendas y que no cejarán en su objetivo de dar una solución al problema. «Nuestras intenciones son claras: las casas deben ser derribadas para cumplir con la ley», expuso Gomila. También confirmó que el Ayuntamiento no ha hecho ningún tipo de conexión a servicios públicos como el agua o la luz y que se ha de verificar si se dispone de ellos actualmente.