La gran mayoría de las multas que el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico tiene pendiente de ingresar por expedientes abiertos desde su creación, en el año 2005, son de «difícil o imposible» cobro. Esas multas impagadas por infracciones urbanísticas en suelo rústico alcanzaron al cierre del pasado ejercicio los 678.432 euros, de los que un mínimo de 457.766 euros, el 67 por ciento, no se prevé que lleguen a entrar en caja.
Ese global de las cantidades de dudoso cobro que se acumulan desde incluso antes de que se creara el consorcio urbanístico (heredó expedientes de algunos ayuntamientos) es una estimación «optimista», según refleja el informe de Intervención del Consell, donde se aclara que el cálculo está realizado a partir de los bestablecidos por la 'Ley Montoro' a efectos de una previsión más realista del remanente de tesorería, que al cierre de 2016 se sitúa en 212.428 euros.
El cálculo es automático aplicando un coeficiente de probabilidad de cobro decreciente cuanto más antiguo es el expediente. El informe recomienda, al margen de «un mayor esfuerzo en la actividad de recaudación de estos derechos», la aplicación de criterios propios del consorcio a la hora de calcular las multas que difícilmente podrán ser recaudadas. Llevando a cabo esos criterios, al parecer del interventor del Consell, la cantidad de dudoso cobro sería superior.
Así figura en la liquidación contable del año 2016 de la entidad participada por todos los ayuntamientos de la Isla y comandada por el Consell, que se encuentra en exposición pública. Las cuentas del pasado año, que arrojan un resultado negativo de 38.655 euros, muestran una disminución de la cantidad pendiente de cobro, que un año antes se situaba en 733.600 euros. La explicación es que, por un lado, se han logrado recaudar 32.439 euros de años anteriores, la gran mayoría de multas del año 2013. Otros 22.728 euros figuran como cancelados, no por que hayan prescrito, sino al parecer por la estimación de recursos interpuestos por los sancionados.
Año a año el cálculo de las multas que no se prevé cobrar aumenta. Al cierre de 2015 era de 324.044 euros y suponía prácticamente la mitad de los derechos reconocidos por sanciones interpuestas. Este año esa cantidad se ha incrementado un 41 por ciento y ya ronda un mínimo del 70 por ciento. La antigüedad de los expedientes influye en la valoración de las sanciones que extrañamente se podrán cobrar, aunque el director insular de Ordenación Territorial, Eduard Soriano, destaca otro factor si cabe de más importancia como la solvencia de los infractores, sobre todo en el caso de multas de cuantía elevadas.
Los cerca de 700.000 euros que el consorcio debería haber cobrado en función de su actividad sancionadora muestra lo lejos que está de cumplir con el objetivo marcado cuando se creó, que se autofinanciara con las sanciones sin necesidad de aportaciones externas. Hasta el año 2016 tan solo ha podido recaudar 82.000 euros, lo que contrasta con los 226.248 euros que en el último año cerrado costó el servicio entre el personal y el gasto corriente.
Ello implica que cada año el Consell tiene que aportar dinero (en 2016, 175.000 euros) y que desde el 2005 lleve aportados más de 1,5 millones de euros. El compromiso reflejado en el convenio fundacional del ente, devolver esa cantidad resulta imposible a corto plazo vistos los precedentes.