A punto de que finalice 2017, el Partido Popular de Menorca afirma que ha sido «otro año perdido» en la gestión del Consell y que el gobierno de izquierdas realiza un balance falsamente positivo «en lugar de realizar autocrítica» y admitir incumplimientos como la zonificación del alquiler turístico, cuya moratoria sigue vigente; el plan de usos del Llatzeret, en el que «no se ha avanzado» ni se ha creado el consorcio público-privado, ni existe aún financiación para los grandes proyectos anunciados en este enclave, como el hotel de lujo o la residencia estudiantil.
La secretaria general del PP-Menorca, Asunción Pons, lamenta «las valoraciones triunfalistas y de autosatisfacción que difunden los partidos del Consell insular», cuando quedan actuaciones pendientes que se anunciaron para 2017, como la recarga del acuífero de Migjorn con aguas regeneradas, el traslado de los lodos tóxicos de la antigua depuradora de Ferreries o «el recorte del 25 por ciento» en la dotación presupuestaria para la dependencia. Los populares se muestran muy críticos con la actuación del gobierno insular, al que acusan de «falta de valentía y de reivindicación ante el Govern del Pacte a favor de los menorquines», en especial en cuestiones como el traspaso de las competencias de Promoción Turística. El PP denuncia que aún no se sabe cuándo se hará efectiva la transferencia y que ésta ha sido aceptada con insuficientes recursos económicos por el Consell. «La dotación regresiva aceptada por PSOE, Més y Podemos implica un 25 por ciento de recursos menos respecto a la propuesta que durante el anterior mandato rechazó el Partido Popular al considerarla insuficiente, a pesar de ser progresiva, se actuó con coherencia y valentía, lo que no ha sucedido ahora», señala Asunción Pons. Otras críticas se dirigen a decretos del Govern como el de la regulación de las escuelas infantiles, que «ha provocado el rechazo de la comunidad educativa menorquina», o el que establece el catalán como requisito para ejercer en la sanidad pública, que «ha sido rechazado por las organizaciones profesionales y los sindicatos, provocando la movilización y el malestar de médicos y enfermeras, con unas exigencias superiores a las que se aplican en Catalunya, Galicia y País Vasco».