Albufera Ciutadella S.L., la empresa propietaria de los terrenos en los que se proyectó la frustrada pista voltadora de Ciutadella, propondrá que el Ayuntamiento pague la expropiación en cuatro anualidades. Dentro de la próxima semana hará llegar esta propuesta de calendarización del pago a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares para reactivar las negociaciones con la administración municipal, según confirmó al MENORCA el abogado de la empresa.
La propuesta llega después de que el municipio se negara a pagar los 5,5 millones de euros más intereses dentro de este año, como pretendía inicialmente la empresa. Albufera Ciutadella S.L. había presentado alegaciones a los presupuestos municipales al observar que solo se habían reservado 147.000 euros para pagar los intereses de demora de la expropiación, que el Ayuntamiento propone liquidar en 20 años.
En caso de que el juez se posicionara a favor de la propuesta de la propietaria, Ciutadella debería comprometer alrededor de 1,7 millones de euros de los presupuestos municipales de los próximos cuatro años. Unas cifras que el concejal de Hacienda José López ya veía inasumibles para las cuentas municipales en mayo, cuando el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento.
Para el letrado de la empresa lo lógico hubiera sido el pago inmediato de las cantidades establecidas por el Tribunal de Justiprecio después de que se ratificara la sentencia. Así se hubiera dictaminado en el caso de que la otra parte fuera un particular, recuerda. En este caso, como la administración alegó que el pago suponía un grave trastorno para la hacienda municipal puede establecerse un sistema de pago diferente para los 11.694 metros cuadrados para los que actualmente no se prevé ningún uso.
Las demoras para resolver la expropiación de los terrenos de la pista voltadora fueron generales y las debe asumir la Justicia, como se desprende de la sentencia según el letrado. El jurado provincial de expropiación sobrepasó los tres meses de plazo para fijar el justiprecio, por lo que la administración central paga 516.000 euros como intereses de demora.
El próximo día 10 de enero la empresa presentará la propuesta al Tribunal Supremo que posteriormente deberá dictar una resolución en forma de auto en la que se dictaminará cómo se ejecuta la sentencia y, por lo tanto, de cuántos años dispondrá Ciutadella para pagar la voltadora.