Ruinosa para el Govern, perdida para el Consell y beneficiosa para el Estado. Así puede definirse la inversión de 7 millones, con fondos estatales, prevista para la creación del Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera en S'Enclusa (Ferreries).
El Govern ha tenido que devolver a Madrid los siete millones de euros, más otros dos en intereses de demora, de este proyecto, aprobado en 2009 y del que finalmente ni siquiera empezaron las obras, a cargo del Consell. Al incumplir el plazo fijado y expirar una primera prórroga, el Estado reclamó pese a la oposición del Govern y Consell (que exigían una nueva prórroga) la devolución, más el pago de los intereses. La pugna acabó en los tribunales y la Audiencia Nacional dio la razón al Estado.
El Govern, para no seguir acumulando más intereses de demora y confiando (tras el compromiso adquirido por Montoro) de que se firmaría un nuevo convenio con Madrid en el que se recuperaría la inversión, ha acabado abonando los 9 millones. Lo ha hecho a través de diversos pagos, que se han retraído de las aportaciones periódicas que hace el Estado a la Comunidad (por el IRPF y otros impuestos). El primer pago fue a mediados de 2016 y el último en marzo del año pasado, cuando se liquidó totalmente la devolución, explican desde el Govern.
El dinero de S'Enclusa vino a través de las inversiones estatutarias. Unos fondos creados para compensar el déficit histórico de inversiones estatales en las Islas. En el caso de S'Enclusa llama la atención que estos 7 millones no solo no se han invertido en Menorca, sino que además Balears ha perdido otros dos millones (los de los intereses de demora). También es verdad que la culpa es, por un lado, del Govern de Antich por gastarse este dinero en otros menesteres, y por el otro de los gobiernos del Consell de Menorca (primero el del PSOE-PSM, y después el del PP), por no llegar a ejecutar el proyecto en los plazos previstos.
Ocho años y sin obras
El convenio entre el Estado (vía Turespaña) y el Govern para pagar el proyecto de S'Enclusa (y otros) a través de las inversiones estatutarias se firmó en 2009, con los gobiernos de Zapatero y Antich. Se dio de plazo hasta finales de 2013 para acometer la obra. Si los trabajos no estaban finalizados en este plazo se tendría que devolver el dinero. El tiempo pasó y ni siquiera se redactó un proyecto definitivo. Se solicitó una primera prórroga. El Estado la concedió y fijó febrero de 2015 como plazo máximo. Llegó la fecha, y las obras tampoco habían empezado. Se intentó pactar otra prórroga, hasta 2016, pero Madrid no la acabó concediendo.
En julio de 2015, el Ministerio abre expediente y en octubre de ese mismo año lo concluye, reclamando al Govern balear la devolución de los 7 millones más el pago de otros 1,98 millones por los intereses de demora. El Ejecutivo autonómico presentó un recurso contencioso contra esta reclamación, alegando que Turespaña aplicó incorrectamente el convenio al no justificar el rechazo de una segunda prórroga. La Audiencia Nacional dio la razón al Estado y sentenció que se tenían que devolver los 7 millones más los intereses. El Govern recurrió en casación ante el Supremo la sentencia, pero el Alto Tribunal no admitió el recurso.
Paralelamente, Armengol y Montoro en diciembre de 2015 firmaron un protocolo de intenciones, en el que el Gobierno central se comprometía a firmar un nuevo convenio para S'Enclusa, dando un nuevo plazo (cuatro años más) para poder acabar el proyecto del Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera. Pese al compromiso adquirido, el Gobierno de Rajoy no ha mostrado desde entonces ninguna disposición a firmar este nuevo convenio, e incluso el Govern ya lo da por imposible.