De aquel PTI de 2003 a la zonificación del alquiler turístico de 2018, pasando por la moratoria comercial, la derogación parcial de la Norma Territorial Transitoria o los accesos a las playas vírgenes. Para todo ello, el mismo argumento de fondo y una única filosofía en la respuesta. El PP atizó al equipo de gobierno del Consell, en el pleno de este lunes, por sus políticas del «no a todo» y de «aplicar el rodillo» a pesar de anunciar debates que, a su entender, no llegan o son infructuosos. Frente a ello, la presidenta Susana Mora, acaparadora del turno de palabra por parte del tripartito, aludió a la necesidad del equilibrio y a la búsqueda del mismo a través de la participación de los implicados.
El PP pide que se retire una moratoria comercial «que se tramitó por urgencia, y esto no se ha justificado», explicó el conseller Adolfo Vilafranca, puesto que dos años después de su entrada en vigor «en el expediente no hay mucha cosa, no consta el debate social ni el proceso participativo». Es más, aseguró que la medida cautelar «es estéril» por lo mucho que se compra fuera de la Isla y, como remate, «beneficia a las grandes superficies existentes, se las protege». También imputó a la moratoria su condición de ilegal por su fraternal similitud con la de Mallorca, que fue tumbada por la Justicia, y lamentó que Mora apele al paso del tiempo para evitar una decisión también hermana, «no es correcto, hay que corregirla».
Susana Mora rechazó la invitación a desistir de la moratoria. Explicó que hay un avance acabado, que se han realizado mesas sectoriales, pero que lo gordo de la participación está todavía por venir. Considera que pese al auge de las compras internáuticas el Consell sí tiene herramientas para regular el sector comercial (la territorial, es decir, dónde se colocan los establecimientos por venir) y que el objetivo es «la mesura y el equilibrio» con el pequeño comercio, «las dos tipologías tienen que poder convivir, una no puede ir en detrimento de la otra». Sobre el tiempo transcurrido, la presidenta apuntó que «estamos cumpliendo con el calendario» y apeló a que a la cautelar le queda un año de vida.
El «no a todo» reapareció cuando apareció en el pleno la zonificación del alquiler turístico. La consellera Salomé Cabrera criticó la restricción que supone la medida, así como sus trazas de inseguridad jurídica por crear una nueva figura para acoger casos como Fornells. «No sé como acabará este invento», espetó recurriendo a antecedentes de sentencias como Cesgarden o Princesa Son Bou. Mora defendió que la medida busca (y logra) que haya más oferta residencial en el mercado, y que el mapa de zonas aptas y no aptas es una transición hacia el nuevo PTI. Cabrera vaticinó que este será todavía más restrictivo que el actual. Más «no a todo». Continuará.