El 42 por ciento del agua de pozo que se permite extraer en Menorca se destina a uso agrícola y el Govern no lleva un registro del consumo ni lo prevé a corto plazo. Son 15.837.601 litros de agua, la mayor parte de la cual, el 99 por ciento, se dedica a regadío.
La Dirección General de Recursos Hídricos no revisa si se sobrepasa el volumen de extracciones concedido al millar de pozos regularizados en el campo de la Isla y no tiene previsto que se lleve un registro automático, aunque cualquier pozo deba tener contador para optar a una concesión. Nunca se ha realizado un control de todos los pozos en rústico «ni sería viable», según la directora del área, Joana Garau, ya que en el conjunto de Balears existen cerca de 30.000 pozos autorizados. En la revisión del Plan Hidrológico sí se plantea obligar a los grandes regadíos a dar parte de las extracciones anuales, como hacen las empresas suministradoras urbanas, que tienen el 49,8 por ciento del volumen de extracción concedido. Llevar el registro del consumo de las grandes fincas está «en el horizonte» de Recursos Hídricos, pero sin fecha. Por ahora está estudiando el coste que supondría implantar un sistema automatizado de contadores y si existirían impedimentos a nivel legal. Actualmente el recurso se controla mediante una red de unos 1.200 pozos, como explica Garau, en los que se revisa tanto el nivel del agua como su calidad, así como se realizan inspecciones cuando se sospecha que un pozo no se mantiene correctamente.
Las explotaciones agrícolas, como cualquiera con un pozo propio, no pagan por el agua al tratarse de un bien público. Lo que el consumidor urbano paga a las empresas suministradoras es el servicio de abastecimiento, que incluye la extracción, tratamiento y distribución del recurso, algo que en el caso de los pozos asume el propietario. Garau entiende que la gratuidad del agua puede hacer que la población no le dé valor, pero no contempla la posibilidad de que se pague por extraer el recurso.
El coordinador de de Política Territorial del GOB, Miquel Camps, ve en las políticas del Govern un «régimen de descontrol sin sentido» porque implica que después deban destinarse grandes cantidades de dinero público a infraestructuras como desaladoras y depuradoras para contrarrestar el derroche de unos pocos.
La Dirección General de Recursos Hídricos ha regularizado, desde 1984 hasta 2016 un total de 2.508 pozos según los indicadores del Obsam. El número de concesiones que se dan anualmente se ha ido reduciendo. En 2016 se autorizaron once pozos en la Isla y el año anterior 26, con un volumen máximo de concesión que no superó los 21.000 litros anuales. Algo más de mil pozos de la Isla están destinados a usos agrarios. Un 42 por ciento de estos pozos se encuentran en Ciutadella. La mayoría se conceden para regar cultivos y solo el 1 por ciento para uso ganadero. Desde 2013 se dan concesiones a pequeños huertos, que en Menorca pueden usar 3.600 litros de agua al año.