Mientras todos los focos apuntan al debate sobre la zonificación del alquiler turístico, los lugares de la Isla en los que se podrán destinar viviendas a esta actividad, otros requisitos legales están pasando más desapercibidos.
Uno de ellos es el mínimo de eficiencia energética que las viviendas deben cumplir, una cuestión que no es baladí teniendo en cuenta la antigüedad del parque de vivienda insular, en el que más del 90 por ciento de las edificaciones residenciales son anteriores al año 2006 y el 70 por ciento se construyeron antes de 1990, una época con una bajísima o inexistente exigencia en ese campo.
El artículo 50 de la Ley Turística exige desde su última modificación que las viviendas que se quieran sumar al negocio turístico tengan un certificado energético de categoría D en el caso de que la fecha de su construcción sea posterior a 2008 y de categoría F en el supuesto de que se levantaran con anterioridad a ese año. No son certificaciones muy elevadas, teniendo en cuenta que las categorías van de la letra A, que marca el ideal de eficiencia, y la letra G, la peor calificación.
Sin embargo, el último estudio realizado por las Directrices Estratégicas de Menorca (DEM) alerta del paupérrimo nivel de eficiencia energética de una isla en la que el 55 por ciento de las viviendas cuentan con la peor calificación y en la que el 41,8 por ciento de las casas están entre el certificado F y el D. Ello implica que una gran mayoría de propietarios deben acometer reformas para elevar su calificación como renovación de aparatos de calentamiento del hogar y protección tanto del frío, en invierno, como del calor, en los meses de verano.