Las obras del tramo de la carretera general que discurre entre Maó y Alaior siguen en el foco de la polémica. El Consell revisará el expediente del proyecto de este tramo realizado durante la legislatura del PP para esclarecer si existió algún posible delito de malversación de fondos públicos. Esta decisión se toma después de que el GOB haya alertado de la existencia de «importes no justificados o excesivos» y «relaciones» que «merece la pena investigar», apunta el delegado territorial de la entidad ecologista, Miquel Camps. Solicita al Ejecutivo insular que abra una comisión de investigación para clarificar estas maniobras.
El conseller de Movilidad, Miquel Preto, recogía este viernes el guante y anunciaba que «obviamente se debe revisar todo y en todo caso, si cabe, y de acuerdo con lo que digan los juristas, exigiremos responsabilidades tanto patrimoniales, penales, civiles o las que correspongan si se demuestra, tal como las circunstancias dan a entender, que hubo malversación de caudales públicos y actuaciones más de carácter político que técnico».
El GOB pone el acento en una serie de pagos que suman en conjunto unos 114.000 euros y que califica de injustificados o excesivos. Por un lado, hace referencia al contencioso administrativo que interpuso para paralizar cautelarmente las obras de la general entre Maó y Alaior. Después de que el juez no atendiera su petición, la entidad retiró el contencioso, y fue condenada a pagar las costas judiciales del proceso. Miquel Camps explica que analizaron el expediente ante una cantidad excesiva.