El departamento jurídico de Autoridad Portuaria prepara un requerimiento para Trapsa Yates en el que exigirá la devolución de la gestión de los amarres de Moll de Llevant de Maó.
Es el primer paso de un proceso que puede tener sucesivos capítulos si, como ya ha anunciado con anterioridad la administración judicial responsable actual de la empresa, optara por ignorar la notificación del organismo portuario.
Este primer paso de la administración incluye un plazo de en torno a un mes para el cese de la actividad de la empresa en el lugar que ocupa en el puerto de Maó. Si Trapsa Yates se niega a las exigencias de Autoridad Portuaria, esta, con aprobación del Consejo de Administración, iniciará el trámite de desahucio administrativo.
El próximo consejo se celebra el día 20, por lo que es probable que la aprobación del desahucio se deje para el próximo de marzo con el fin de respetar el plazo de alegaciones.
Autoridad Portuaria utiliza como motivo para el requerimiento con el que inicia la expulsión de Trapsa Yates la «caducidad de la concesión». El fundamento de ello es la declaración en juicio del anterior propietario Gerardo Díaz Ferrán reconociendo la venta de acciones de la empresa. Esta operación se realizó a espaldas de la administración que le adjudicó la concesión, que de acuerdo con el contrato, debía conocerla y autorizarla. Una vez constatada esa venta, resulta argumento suficiente para instar la caducidad de la concesión.
Trapsa Yates está ahora bajo administración judicial, gestiona 165 amarres y paga un canon anual de 616.000 euros. En 2008 y por un periodo de 16 años obtuvo la concesión, que fue investigada en el «Caso Mar Blau».