El PP prepara documentación oficial en la que fundamentar la querella anunciada contra el equipo de gobierno del Consell por la paralización de las obras de la carretera general como reacción a las recientes acusaciones de los pagos por el pleito con el GOB y otras noticias relacionadas con las obras iniciadas en el pasado mandato. Para ello solicita respuesta y listados que agrupa en cinco puntos.
Estos son, en primer lugar, una relación de los pleitos en los que el Consell ha acudido con y sin procurador. Segundo, un certificado del interventor en el que se pronuncie sobre la corrección de los pagos realizados en el citado litigio con el grupo ecologista y, en tercer lugar, un listado de las minutas pagadas por la defensa del Consell en otros pleitos contra la Administración insular. «Tenemos antedecentes de la mala defensa que se ha hecho de los intereses del Consell y ahora estamos pagado todos los menorquines», precisa la portavoz popular Salomé Cabrera citando el caso Cesgarden.
Otro punto hace referencia a la enumeración de los trabajos contratados a las empresas afectadas por la paralización de la obras, «para conocer si son contratistas habituales de la institución» y, finalmente, la lista de convenios y acuerdos similares firmados con el GOB desde julio de 2015 «por importes y consellerias con su correspondiente justificación», agrega la portavoz popular.
El PP pretende además «eliminar cualquier rastro de duda sobre la correcta gestión de nuestro gobierno, en línea con los usos y costumbres del Consell para contratar abogado y procurador, no se ha hecho nada extraordinario ni fuera de la ley». Tampoco admite que se ponga en duda «nuestra honorabilidad, los expedientes están a disposición de todo el mundo» y reitera que el proyecto de la carretera contaba con todos los informes favorables.
Sobre la resolución del juez de lo Contencioso-administrativo sobre las facturas de los abogados, Cabrera responde que se trata de un proceso reglado y que, en todo caso, los costes y honorarios no tienen nada que ver con la gestión del gobierno. «Fue una decisión acertada ejecutar las obras», asegura, «de haberse parado las obras como el GOB pretendía se habría puesto en peligro el convenio de financiación de las obras, es lo más probable».
La rescisión del contrato de las obras obras responde «a postulados idelógicos», afirma la portavoz popular.