La Comissió de Greuges del Consell presentó ayer su balance de 2017, en el que pone de manifiesto la lentitud de la institución en atender sus demandas de informes y otros detalles específicos para resolver los temas que le plantean los administrados, «lo que en algunos casos no ha permitido que la sindicatura dé respuesta adecuada a los ciudadanos en los plazos que queríamos y entendíamos que eran los correctos», señala.
La comisión, integrada por Emili de Balanzó, Gràcia Seguí y José Barber y constituida en 2016 al estilo del Defensor del Pueblo, nació con el objetivo de recoger quejas de personas y entidades que se sientan desamparadas por la acción o inacción del Consell, pero todavía, según constata el balance, su función y competencias son poco conocidas.
El toque de atención respecto a la escasa agilidad de la Corporación se compensa con el reconocimiento a su buena disposición a colaborar. «Nunca nos hemos encontrado ningún obstáculo por parte de nadie: políticos y técnicos han colaborado siempre abierta y lealmente», aseguran.