Son Angladó, Terra Roja, Santa Rita, Sant Francesc, Son Salomó, Son Escudero, Son Morell, Sa Torre Vella, Ses Comunes, Son Ganxo, S'Era Vella, Es Milocar... y así hasta 30. Son los proyectos de construcción de parques eólicos que se han ido al limbo en Menorca en los últimos 20 años principalmente por no cumplir con las prescripciones medioambientales y por los sucesivos recortes en las ayudas a las renovables y el fin de las primas, que ha llevado a muchos promotores a desistir ante el descenso drástico de la rentabilidad prevista.
A principios de siglo los proyectos de renovables se acumulaban en los despachos del Govern y los medios de comunicación se hacían eco de un goteo incesante de iniciativas para convertir la fuerza del viento en electricidad: «La mayoría se retiraron» –explica Miquel Camps, coordinador de Política Territorial del GOB– cuando desaparecieron las primas a las renovables, la retribución adicional al dinero que recibían las renovables por vender la energía producida.
En el año 2014 el Gobierno eliminó con efectos retroactivos desde 2013 el suculento incentivo a las renovables aduciendo la necesidad de corregir la losa del déficit tarifario. Desde entonces se produce un apagón informativo sobre los proyectos. Se deja de hablar de la mayoría de los que se habían presentado y salvo contadas excepciones, como el reajustado proyecto de Eólica Menorca S.L. en Son Angladó (Ciutadella), cesa la tramitación de nuevos parques eólicos en Menorca.
El responsable de Energía del Consorci de Residus y Energia de Menorca, Rafael Muñoz, encargado de supervisar el único parque eólico de Balears, el de Milà, en Maó, apunta a otra razón que ha echado atrás a los promotores, la maratoniana tramitación administrativa que requiere de informes de múltiples departamentos de diversas administraciones, algo que ha desalentado a los inversores.
Muñoz defiende que los proyectos eólicos se encuentran con más dificultades –en comparación por ejemplo con los fotovoltaicos– por el gran desconocimiento que hay tanto por parte de los promotores, como por parte de la Administración, que ante la duda «se cura en salud y en muchas ocasiones se pasa de frenada». Se refiere a la Administración también cuando afirma que «no hay experiencia, debe haber una maduración, conocer, visitar y no solo tener en cuenta los impactos negativos, sino también los positivos».
Más que la central
Un cálculo aproximado e hipotético –hay que tener en cuenta que algunos de los proyectos anunciados no se han llegado a detallar y que difícilmente podían haberse autorizado todos– sitúa en al menos 270 MW la potencia instalada de los parques proyectados hasta el momento. La cifra es llamativa si se tiene en cuenta que la potencia instalada en la central térmica de Maó es de 245 MW y que la demanda insular alcanza puntas en verano de 125 MW. Hubiera dado para abastecer a la Isla y exportar energía.
El problema es que muchos promotores, «con el afán de lograr la máxima eficiencia energética, no han tenido en cuenta los criterios ambientales, que incluso desconocían», explica Camps, quien apunta a una normativa europea que ha sido crucial para que Medio Ambiente informe desfavorablemente proyectos como el de Son Angladó, el de Son Ermità y el de S'Era Vella. Se trata de la directiva europea aprobada en 2009 sobre protección de aves silvestres, que es muy celosa de la conservación de la avifauna y que marca Áreas Biológicas Críticas en las que no se pueden instalar aerogeneradores.
Otro de los factores que ha llevado a Medio Ambiente a tumbar iniciativas ha sido el suelo en el que pretendían levantarse unas instalaciones que, como en el caso de los polémicos proyectos de Ses Comunes y Marina des Bruc, implican la apertura de cientos de miles de metros de viales de servicio sobre terrenos con diferentes niveles de protección y no siempre bien justificados ante el órgano competente en materia medioambiental.
Quizá uno de los aspectos que suscita más contestación social en torno a la instalación de parques eólicos es el impacto paisajístico. Camps recuerda que el proyecto de Ses Comunes implicaba elevar molinos a una altura sobre el nivel del mar de casi 350 metros, prácticamente como el Monte Toro, aunque admite que «el impacto paisajístico se puede discutir». Muchos ciudadanos entienden que los aerogeneradores manchan el paisaje, otros los aceptan como símbolo de una fuente de energía respetuosa con el medio ambiente. No pueden ser invisibles y serán necesarios en un futuro. Se calcula que para ser rentables deben tener como mínimo una altura de entre 80 y 90 metros.