«Queremos la mejor operación posible para Quesería Menorquina, pero entre empresas solventes y con liquidez, no a cuenta de dinero público». Esta es la posición de la Conselleria de Industria del Govern de les Illes ante el acuerdo para la adquisición de la compañía menorquina por Quesería Ibérica, detenido ahora a causa de la situación económica de la firma palentina, que además ha dividido en dos bloques a los accionistas.
Francisco Tutzó, Jesús Esparza y Manuel Vecilla, los tres directivos que controlan el 51 por ciento de las acciones, pretenden dar marcha atrás a las negociaciones y los trabajadores, con el 49 por ciento restante, insisten en culminar la alianza entre las dos lácteas. El 24 de febrero celebraron una asamblea en los locales de Comisiones Obreras con Adolfo Pérez, están convencidos de su proyecto, «nos da confianza y asegura la materia prima», señala un asistente al encuentro.
El acuerdo supone que todos y cada uno de los accionistas ceden el 75 por ciento de sus acciones a Adolfo Pérez, el director de Quesería Ibérica, es decir, se le regala las tres cuartas partes de la sociedad, una fórmula que dado el precedente de Nueva Rumasa ha levantado recelos en la Administración autonómica. «Quiere adquirir gratis una empresa que luego sería además la principal del grupo y que el Govern balear financie la operación resultante», explica la Conselleria balear.