La oferta ilegal de alquiler turístico se parece a la energía. No se crea, ni –por lo visto– se destruye, solo se transforma. Ni la nueva Ley Turística, que amenaza con sanciones de hasta 40.000 euros a los propietarios que no cumplan con la veintena de requisitos que impone para alquiler legalmente una vivienda, ni la zonificación, que excluye a la mayoría de casas aunque cumplan con esas condiciones, parecen estar logrando disuadir a buena parte de la oferta de Menorca, que ha optado por transformarse, cambiar de canal, salir de los focos de las grandes plataformas como Airbnb y Homeaway y buscar refugio de los inspectores en las redes sociales.
Sobre todo Facebook y Whatsapp, pero también otras vías de comunicación, entre las que no hay que desmerecer la red de contactos de toda la vida, se han convertido en uno de los grandes puntos de encuentro entre propietarios y turistas. «Interesados en alquiler una casa este verano en Menorca, en el centro de Ciutadella, a 15 minutos de las mejores calas de la Isla, que contacten por privado». Mensajes como este, escrito ayer mismo en un grupo –público además– de Facebook, proliferan en estas semanas previas al inicio de la temporada.
Cambio de canal
Las redes sociales son una potente herramienta de difusión sobre todo para la despreocupada demanda, pero también para la oferta. El colectivo Terraferida, probablemente uno de los que más ha ahondado en el fenómeno del alquiler turístico, cifraba el pasado mes de septiembre en un 19,2 por ciento el porcentaje de la oferta menorquina de alquiler que desapareció del portal norteamericano Airbnb después de la entrada en vigor de la nueva Ley Turística y su principal tarjeta de presentación, la amenaza de duras sanciones.
«Ya avisamos de que la caída de la oferta en la plataforma no significaba que hubiera una caída de la llegada de turistas», explica Xim Valdivieso, portavoz de Terraferida. El año pasado los índices de presión humana sobre el territorio siguieron creciendo a pesar de la desaparición de la oferta, que a nivel balear alcanzó el 23 por ciento: «Entonces pensamos que era porque muchas de las casas ya estaban contratadas de antes de la nueva ley, pero ahora vemos que hay oferta que trata de ocultarse en las redes sociales, donde es mucho más difícil de rastrear por parte de los inspectores».
No cabe duda que buena parte de la oferta que huyó del foco de las grandes plataformas, a las que el Govern ha puesto hasta ahora en el punto de mira (ya ha impuesto sendas multas de 300.000 euros a Airnbnb y Tripadvisor), se ha trasladado a las redes sociales que además no han perdido tiempo en favorecer este mercado alternativo. Un ejemplo es la herramienta Marketplace de Facebook, que permite agrupar todas las páginas de oferta y demanda ayudándose de la geolocalización.
El objetivo del cambio de canal de comercialización de la oferta es escapar de las miradas de los inspectores, aunque desde el despacho de abogados Illeslex advierten de que también existe la posibilidad de que los propietarios sean denunciados por algún vecino, además de dejar claro que alquilar a turistas a través de las redes sociales sigue siendo un incumplimiento «flagrante» de la legislación, explica su socio fundador, Javier Blas.
Alquilar en libertad y observando la legalidad, eso es lo que procede. Aunque me temo que la administración tiene demasiado protagonismo y su lema es, prohibir, prohibir y prohibir. Hoteleros lo tenéis todo comprado.