El Partido Popular de Maó formalizó ayer ante el Defensor del Pueblo una queja por entender que el reglamento lingüístico del Ayuntamiento aprobado recientemente incurre en inconstitucionalidad al otorgar preferencia al uso de la lengua catalana en esta administración en detrimento del castellano, lo que, en su opinión, supone «vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia». La queja fue formalizada este martes por la portavoz del grupo popular Águeda Reynés.
En su escrito, el PP insta al Defensor del Pueblo a requerir al Ayuntamiento de Maó que modifique el reglamento lingüístico para solventar estas cuestiones, y que si el equipo de gobierno de Ara Maó y el PSOE no cumple estas indicaciones se interponga un recurso al respecto ante el Tribunal Constitucional. Cabe recordar que en un principio el PP de Maó anunció que analizaba, precisamente, la posibilidad de recurrir el reglamento directamente ante este alto órgano judicial.
Argumenta el PP que el reglamento supone una «vulneración flagrante de los derechos fundamentales de los ciudadanos», al dar clara prevalencia a una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma sobre la otra en cuanto a su uso en la administración local, una circunstancia que, a su entender, «es totalmente contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional», como se ha evidenciado en dos sentencias de 2010 y 2013. Exponen los populares que el reglamento debe respetar la ley y las normas de cooficialidad del uso de ambas legunas en la actividad ordinaria del Consistorio.
El PP de Maó ha aportado ante el Defensor del Pueblo distinta documentación, entre la cual se encuentran las alegaciones presentadas al reglamento de usos lingüísticos, que fueron rechazadas por el equipo de gobierno.
Como se ponen los nacionalistas por el hecho de que uno ejerza el derecho de quejarse ante el defensor del pueblo de un reglamento que establece cosas tan absurdas como que los cargos del Ayuntamiento se expresarán en catalán. Los pseudoprogres y sus palmeros tienen miedo a la libertad y prefieren la imposición, decidir en que idioma oficial se debe hablar, que los escritos estén solo en un idioma, es decir, imposición. Todo mi apoyo a la decisión de la Sra. Reynés, de defender la libertad de todos los ciudadanos, incluso la de quienes no respetan la ajena.