El Consell ha planteado la zonificación del alquiler turístico declarando zonas aptas y no aptas y los ayuntamientos prefieren que prime el criterio de la tipología de las viviendas, según se desprende de las aportaciones realizadas. Ayer concluyó el plazo para presentar alegaciones a la propuesta aprobada inicialmente por el Consell y la opinión mayoritaria de los ayuntamientos, entre ellos Maó y Ciutadella, llevará con toda seguridad a la institución insular a modificar la zonificación.
Ciutadella aprobó una moción conjunta de UPCM, el PSM y el PSOE para incluir «las viviendas unifamiliares aisladas de todo el término», informa la alcaldesa Joana Gomila. Su Ayuntamiento no ha presentado una alegación como tal sino que ha hecho llegar el acuerdo plenario de la Corporación.
Similar recorrido y alcance tiene la iniciativa del Ayuntamiento de Maó. Esta vía será una manera de corregir llamativos defectos de la zonificación al haber excluido zonas de gran peso turístico como Cala Llonga por estar considerado núcleo urbano en vez de turístico. Explica la alcaldesa Conxa Juanola que, además de la voluntad municipal, ese es el acuerdo adoptado por la mayoría de alcaldes (seis de ocho) en una de las reuniones en las que se abordó la cuestión.
Otros municipios, como el de Es Castell, han aprobado un acuerdo en el mismo sentido y Sant Lluís, uno de los discordantes junto con Ferreries, podría hacer lo propio en las próximas semanas, dada la minoría sobrevenida del equipo de gobierno, si bien habrá finalizado la exposición pública para alegar.
El único ayuntamiento con mayoría popular ratifica esa misma posición y en sus alegaciones solicita al Consell «que permita la comercialización de las estancias turísticas en los edificios unifamiliares de todo tipo de todas las zonas del municipios».
La diferencia respecto al resto de municipios es que no exige que sean edificios aislados, sino solo unifamiliares, lo que añade una bolsa de plazas mucho mayor al incluir el caso urbano.
Su argumentación en defensa de esta actividad económica va en la línea de las patronales y del PP y considera que la «prohibición en casco urbano está perjudicando en estos momentos a la economía general del pueblo y sus residentes». También apela en defensa del alquiler en rústico.
Viturme y Ashome
La patronal de las viviendas turísticas, asociada a PIME, y la hotelera abordan la zonificación desde criterios opuestos pero ambas coinciden al señalar que la propuesta «no está suficientemente motivada ni justificada». Viturme cuestiona una memoria justificativa que se basa «principalmente en resaltar los efectos negativos que entiende la institución que supone el alquiler turístico» y lamenta la falta de criterios objetivos.
En segundo lugar, aduce que las medidas se amparan en el avance del PTI, «norma no vigente y susceptible de modificación». Sobre el mismo instrumento urbanístico y las contradicciones que pueda producir se manifiesta Ashome, «en el actual plan territorial existen zonas denominadas núcleos tradicionales que ahora pasarán a tener usos diferentes, sin la modificación del PTI, por lo que nos podríamos encontrar con resoluciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico en vigor», advierte la patronal hotelera.
Desde una filosofía más exigente, de acuerdo con la establecida para la actividad hotelera, señala la carencia de un estudio previo sobre el número de plazas que hay, las susceptibles de legalización con la zonificación y el establecimiento de un límite, «no entendemos que se quiera regular y no controlar el crecimiento», señala.
La propuesta aprobada inicialmente por el Consell declara zonas aptas las determinadas en el artículo 47 del PTI con cinco excepciones (Fornells, Es Murtar, Es Grau, Sa Mesquida y Cala Sant Esteve) sin que se explique el porqué de estas y no otras», dice en su alegación.
Viturme apela a razonamientos económicos, «faltan en la memoria un estudio de las repercusiones económicas», que son importantes en su opinión y muy diversificados en la población.
Por otra parte, rechaza el argumento de que el alquiler turístico expulse a la población residente de los centros de poblaciones, pues esto «se vienen produciendo desde hace muchos años», antes de darse este fenómeno.
PP
Las alegaciones del PP parten del principio de que el alquiler turístico «es bueno para los menorquines y para Menorca» porque es diferente al turismo de masas, se integra en la población y es un público consumidor de la oferta complementaria local. Además, apunta, «incrementa la capacidad turística sin consumir territorio ni recursos» y es un tipo de alojamiento perfecto para la desestacionalidad.
Argumenta que se trata de una oferta muy en línea con la que se ofrece en los hoteles de interior, ahora en auge, y, por otra parte, en los pueblos y en las ciudades han existido hostales, pensiones, hoteles y otro tipo de alojamientos, un precedente que avala el alquiler turístico. Desmiente finalmente que sea competencia para el mercado residencial. Tras su elogio de este filón del mercado turístico, resume sus criterios en cuatro puntos: considerar apto todo el litoral; prohibir el alquiler en edificios plurifamiliares, salvo los que se hallen en la costa; permitirlo en todo tipo de unifamiliares en toda la Isla; y dar libertad a los ayuntamientos para fijar restricciones adicionales.