El Consell someterá a consideración del pleno del lunes una modificación presupuestaria que le habilita para solicitar un préstamo y también para echar mano del superávit de 2017 para hacer frente a la indemnización a la promotora Princesa Son Bou fijada por sentencia judicial en seis millones de euros, después de que la ordenación territorial de la urbanización de Alaior frustrara su proyecto de construcción de 106 apartamentos y dos locales.
La medida no significa necesariamente que finalmente se vaya a optar por estas opciones, sino que son dos de las tres que el equipo de gobierno tiene ahora sobre la mesa. No son excluyentes entre sí. La tercera opción consiste en proponer al juez un calendario de pagos a diez años vista, tal y como se hizo en su momento con Cesgarden. Se contempla también que pueda ser en un periodo de tiempo distinto.
El informe del área de Servicios Generales y Participación, al que ha accedido este diario, indica que el importe final a abonar a Princesa Son Bou es de 5.992.323,72 euros, que resulta de sumar al principal de la indemnización (3.359.673,98 euros) los intereses generados entre agosto de 1999 y el 30 de septiembre de 2018, 2.632.649,74 euros.
La triple vía de cumplimiento de la sentencia está todavía en periodo de evaluación pero, a tenor de los tiempos que maneja la administración, se opta por habilitar el crédito necesario en los presupuestos y al mismo tiempo empezar los trámites de cara a conseguir la financiación externa, por si al final se estima oportuna esta fórmula para el pago, bien en su totalidad, bien en parte. El crédito y el recurso del superávit implican la aprobación de un incremento extraordinario del capítulo 7 de los presupuestos de este año, que es lo que el lunes votará el pleno. También el préstamo debe quedar contemplado.
La alternativa de abonar toda la indemnización o parte con el superávit que haya generado el ejercicio presupuestario 2017 queda a expensas de que el importe sea suficiente y el equipo de gobierno decida que este es su destino más oportuno. Cabe recordar que en los últimos meses los administraciones locales, entre ellas el Consell, están empleando el superávit de 2016 para acometer importantes inversiones, como la recientemente compra de Son Catlar. Para el de 2017 surge así un destino alternativo.