El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la concejal Antònia Salord contra la sentencia condenatoria por un delito de infidelidad en la custodia de documentos, en el caso del expediente desaparecido, con el que intentó beneficiar a un funcionario afín en 2009.
Ratifica así la pena de un año y medio de cárcel (que no cumplirá en prisión al ser menos de dos años), más la inhabilitación por cuatro años para ocupar cargo público y una sanción de 3.650 euros. En su día también se le condenó a pagar las costas judiciales, incluso las de la acusación particular de UPCM. En la sentencia del Supremo, dictada a finales de mayo pero hecha pública ahora, también obliga a Antònia Salord a asumir las costas del recurso.
El Supremo rechaza una por una las seis alegaciones presentadas por la defensa de Salord. Dos de ellas se centraban en considerar que «no existen pruebas» y «no hay indicios plurales» que constaten que Salord tuviera intención de ocultar el expediente. El Supremo recuerda que Salord solicitó el 27 de febrero de 2009 hasta 12 expedientes y una semana después solo devolvió 11. Posteriormente se reunió en su despacho con el afectado y el 16 de marzo cesó del cargo, constatando que «hizo desaparecer intencionadamente» el expediente y se «considera acreditado que originó un retraso en la tramitación del expediente» sancionador.
Salord también alegaba que había pruebas erróneas, contradicciones y dudas en las declaraciones de las exconcejales Mila León (PP) y de Maite Salord (PSM). En este sentido, el alto tribunal recuerda que las declaraciones de los testigos no son pruebas documentales y acusa a la defensa de «servir este cauce casacional para ofrecer una nueva valoración, de signo exculpatorio, de la prueba, lo que excede del cauce casacional alegado».
También tumba las alegaciones referidas a los defectos de forma sobre el Tribunal del Jurado y a que haya habido «indefensión» (con la que se pretendía declarar «nulo» todo el proceso), y le recuerda a la defensa que no presentó ninguna reclamación en este sentido cuando era el momento procesal oportuno.
Pequeño problema Manoli, la figura de "custodia fraudulenta" no existe y encima quién cedió en concesión el servicio de recaudación a una empresa externa fue el equipo de gobierno de la condenada, pero sobre todo resulta que la "custodia fraudulenta" que dices quién la tenía era la condenada desde el momento que obtuvo el expediente que hizo desaparecer y por eso ha sido condenada por infidelidad en la custodia de documentos (figura que sí existe) y está clarísimo quien custodiaba el expediente: "El Supremo recuerda que Salord solicitó el 27 de febrero de 2009 hasta 12 expedientes y una semana después solo devolvió 11. Posteriormente se reunió en su despacho con el afectado y el 16 de marzo cesó del cargo, constatando que «hizo desaparecer intencionadamente» el expediente. Así que no busques los tres pies al gato, que el Tribunal del Jurado, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y el Tribunal Supremo ya han condenado a quién fue infiel en la custodia de un expediente público.