La alcaldesa apunta a la secretaria municipal como responsable del archivo, «porque de ahí han salido los famosos escritos que debían estar en el expediente urbanístico», declara Misericordia Sugrañes. Recuerda el antecedente del informe de telecomunicaciones, «que apareció justo después de que caducaran las responsabilidades por custodia de documento público, son demasiadas casualidades», agrega.
Afirma que toda la documentación relacionada con el complejo Milanos-Pingüinos había sido solicitada por los servicios jurídicos y técnicos para elaborar sus informes, «resulta curioso que los escritos no estuvieran en el expediente y aparezcan después».
También le causa sospecha que en julio «se pidiera el número concreto de tres documentos relacionados con las licencias y que no estaban en el expediente. ¿Alguien los había sacado? Lo único cierto es que no estaban donde tenían que estar», se cuestiona. También se pregunta por las deficiencias que aparecen en la solicitud de esos documentos, «he mirado el listado de acceso a los expedientes a través del registro de entrada, que es escrupuloso para la consulta de documentación, de cada solicitud se abre expediente, pero de esta no se ha hecho, no aparece la autorización», relata como fruto de su análisis urgente ayer tras la noticia publicada el domingo en estas páginas.
¿Y ahora qué? «Tenemos que revisarlo todo. Es prematuro para decidir una opción, no depende de los políticos, no es cuestión de voluntad política hacer y deshacer independientemente de lo que digan los funcionarios, sería prevaricar. Si teníamos informes desfavorables y ahora milagrosamente aparecen papeles...», apunta mientras insinúa una mano negra en el Ayuntamiento.
¿Y cuál es la idea del equipo de gobierno? «La imagen que proyectamos en un fotomontaje, el complejo repartido en planta baja y dos alturas, pero si el proyecto de los promotores está en regla y todo es legal no podremos impedir la licencia, me guste o no el proyecto», responde.
Resalta eso sí la contradicción de que «los mismos que han estado boicoteando la tramitación (CEL, Junts per Lô, GOB, Forum) y decían que era ilegal son los que la han validado ahora».