El 50 por ciento de las licitaciones realizadas en 2017 por el Consell de Menorca contemplaban cláusulas sociales y ambientales, tanto en los pliegos de ejecución como en los de adjudicación, según ha informado este miércoles Podemos.
Desde la formación han recordado que, desde que la administración insular aprobará el pasado mes de julio de 2016 la incorporación de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública, los técnicos de la institución han incluido los criterios sociales en un total de 16 contratos públicos y los criterios ambientales en 14 contrataciones.
Esta iniciativa, impulsada por la Conselleria de Servicios Generales liderada por Cristina Gómez (Podemos), ha afectado a la contratación de la corporación. Sin embargo, la consellera ha apuntado que deben «ir más allá».
Gómez ha señalado que el Consell de Menorca debe reducir el impacto global de los paraísos fiscales y cambiar los comportamientos de las empresas hacia un modelo de «más responsabilidad fiscal» a través de un mayor control de los concursos públicos.
También ha hecho hincapié en el «cambio de rumbo» realizado, de modo que el criterio de contratación ya no es únicamente la oferta económica más ventajosa, sino que se valora la mejor calidad-precio con el objetivo de favorecer el bien común, el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente.
«Eso incluye luchar contra los paraísos fiscales, que son un agujero negro de la corrupción», ha dicho la responsable insular. Gómez ha remarcado que los paraísos fiscales provocan «disfunciones a nivel global y a nivel local» y ha indicado que las administraciones públicas deben contratar empresas «fiscalmente responsables».
«Hemos de declarar Menorca como zona libre de paraísos fiscales, comprometiéndonos a dar los pasos necesarios para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de las empresas que utilizan los paraísos fiscales para defraudar», ha concluido.