Los 8,5 millones de euros que el Consell concedió en enero a los ayuntamientos de la Isla para contribuir a la ejecución de proyectos vinculados con el tratamiento del agua (7 millones), la eficiencia energética y las instalaciones deportivas no se aprovecharán en su totalidad para este fin. Una parte considerable de este dinero deberá derivarse a otros usos, en principio amortizar deuda del propio Consell, ante la imposibilidad de que algunas de las principales actuaciones contempladas estén acabadas en la fecha límite establecida: el 30 de noviembre. Consistorios como Ferreries y Es Castell directamente han renunciado ya a una importante porción de las ayudas que tenían asignadas. No hay prórroga posible.
Desde el Consell aseguran que los plazos para las inversiones financieramente sostenibles de los remanentes de años anteriores, en este caso de 2016, vienen determinados por la ley estatal. Explican que el límite del 30 de noviembre estaba fijado claramente desde un primer momento y que, por este motivo, se instó a los ayuntamientos a presentar proyectos ya redactados. La ley obliga a destinar el dinero no invertido antes de esta fecha a amortización de deuda, pero se estudiará si existen resquicios para posibles alternativas.
El caso más claro es el proyecto de la cala Sant Esteve, en Es Castell. El alcalde Lluís Camps asegura que ha renunciado a poder hacer uso de los casi 700.000 euros concedidos porque no llega a tiempo. El proyecto aún se tramita. Ha reclamado que el dinero se distribuya entre otros ayuntamientos y que Es Castell lo pueda recuperar en próximas convocatorias, pero desde el Consell no contemplan esta fórmula. Aún así, desde la institución insular aseguran que su voluntad es facilitar que todos los proyectos se acaben ejecutando y estudia cómo hacerlo.
En Ferreries, la sustitución de canalizaciones en varias calles se ha reducido. Pasa de 313.000 a 92.000 euros de presupuesto. El alcalde Josep Carreres asegura que ha optado por la prudencia y se hará por fases. La nueva Ley de Contratación ha sido un escollo insuperable, afirma. «Lo hemos tenido que modificar todo y con poco personal. Preferimos no abarcarlo todo porque si no llegamos a tiempo lo debemos asumir sin tenerlo presupuestado», comenta.
En el Consell son conscientes de estas situaciones y están pendientes de la evolución de obras con demoras evidentes como Cala Llonga, en Maó, adjudicadas por algo más de 800.000 euros. Ante retrasos como este, el Consell abonará la parte de la actuación que esté ejecutada y certificada a 30 de noviembre. Algunos cálculos pueden resultar complejos si hay financiación compartida con el ayuntamiento.
En La Argentina, Alaior, otro proyecto de envergadura, las obras no han empezado y el plazo de ejecución es de unos cuatro meses. En el Ayuntamiento son conscientes de que existe un problema y que deben estudiar cómo resolverlo. Porque si la obra se ejecuta, alguien debe asumir la parte que el Consell no financiará. «Nos han pasado el marrón a los ayuntamientos, son obras de una gran complejidad», afirma el concejal Cristóbal Marqués. Asegura, además, que también podrían renunciar a otro proyecto financiado con estas ayudas de importe menor por falta de licitantes.
En Es Migjorn Gran, otro ejemplo, las dos principales actuaciones, que suman más de un millón de euros de presupuesto, no han comenzado, no aparecen como adjudicadas en su perfil del contratante, y el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses. Las cuentas no salen. Similares situaciones se dan en otros consistorios de la Isla.