El proceso de desahucio de Trapsayates, resultado de la rescisión de la concesión decretada en diciembre de 2017 por Autoridad Portuaria de Balears, abrió una serie de expectativas en torno al futuro de los amarres que ahora se han visto enfriadas por la providencia de la Audiencia Nacional que obliga a congelar el proceso hasta que no se hayan resuelto los recursos presentados por la empresa. De momento, en Autoridad Portuaria no se pronuncian al respecto. El nuevo giro de este complicado asunto está siendo analizado por sus servicios jurídicos. Es probable que presenten un recurso a la providencia. La solicitud de desahucio efectivo estaba ya en curso en los juzgados desde hacía algunos días, con la esperanza de que se pudiera hacer efectiva en el plazo de un par de meses y tener los amarres con nuevo gestor en la próxima temporada estival.
Por otro lado, el Club Marítimo de Mahón había ya dado algunos pasos (la última asamblea capacitó a sus dirigentes para actuar en nombre de los socios) para estar preparado por si surgía la opción de hacerse con la gestión de unos amarres que en su día ya comercializó. La opción se planteó como una vía fiable para garantizar el futuro económico de la entidad, con la esperanza de que los pliegos de condiciones por venir incluyeran cláusulas más acordes con la vertiente social.