El cambio de orientación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los impuestos de las hipotecas ha indignado a muchos, pero movilizado a pocos. Menorca se sumó este sábado con tímidas concentraciones en Maó y Ciutadella a la oleada de protestas que recorrió el país, con epicentro en Madrid, frente a la sede de Alto Tribunal.
Las concentraciones, convocadas por Podemos y Esquerra de Menorca, contaban con el apoyo explícito de Gent per Ciutadella, Ara Maó y entidades como la PAH, y fueron secundadas por los sindicatos CCOO y UGT, cuyos dirigentes estuvieron presentes en la concentración de Maó, frente a la sede de los juzgados, cerrada en el momento de la protesta. La consellera de Podemos y abogada Cristina Gómez y el coordinador de Esquerra de Menorca, Pablo Jiménez, fueron los encargados de leer un manifiesto conjunto en el que se califica de despropósito el cambio de doctrina sobre quién tiene que pagar la escritura de la hipoteca.
«La justicia española da la espalda al pueblo al optar por favorecer a los más poderosos, a esa banca rescatada con más de 60.000 millones de euros de dinero público», lamenta un escrito en el que se denuncia que la decisión del Supremo favorece los intereses económicos «de la misma banca que paga habituales y cuantiosos honorarios a determinados jueces en concepto de conferencias y cursos en sus escuelas de élite».
Los concentrados denunciaron que el Poder Judicial «ha traspasado todas las líneas rojas» con una decisión «insultante». Es por ello que solicitaron la inmediata dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del presidente la Sala Tercera de los Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, por su actuación «anómala e irregular», además de una reforma profunda de la justicia.