El Parlament debatirá mañana, y con toda probabilidad saldrá adelante, que el Govern asuma este año el pago de 143 millones de euros para hacer frente a las sentencias que imponen tres indemnizaciones derivadas de la desclasificación urbanística de 2008, en dos terrenos de Eivissa y uno en Mallorca.
Més per Menorca, a raíz de este pago (que no cuestiona), pide al Govern que, igual que asume las indemnizaciones de Mallorca y Eivissa, haga lo propio con Menorca, y ayude a pagar las sentencias contra el Consell de Menorca, en el caso de Cesgarden (29 millones) y el Princesa Son Bou (6 millones), por las cuales solo en 2019 el Consell deberá desembolsar cerca de cuatro millones de euros. No se trata de una petición nueva, ya que incluso el PP y el PSOE (en la oposición) lo han reclamado, pero nunca lo han ejecutado cuando gobiernan.
El portavoz de la formación menorquinista, Manel Martí, recuerda que, pese a que es verdad que en el caso de las indemnizaciones de Mallorca y Eivissa la sentencia es contra el Govern, y en Menorca contra el Consell, los motivos son los mismos: la protección del territorio. Y en este sentido, Martí considera «injusto» que «las sentencias de Mallorca y Eivissa las paguemos entre todos, y las de Menorca, las tengan que pagar solo los menorquines».
Las indemnizaciones de Mallorca y Eivissa se derivan del decreto ley de 2007 de medidas cautelares que suspende los actos de transformación urbanística en diez zonas de Mallorca y cuatro de Eivissa, y de la posterior ley de medidas urgentes para el desarrollo sostenible de 2008. En cambio, las de Cesgarden y Princesa Son Bou, son por el PTI de 2003.
Son «caminos diferentes», admite Martí, ya que uno «es por la vía reglamentaria» (Menorca) y los otros (Mallorca y Eivissa) «por vía legislativa», pero el objetivo (protección del territorio) es el mismo y además el Consell de Menorca se adelantó a ello, por lo que «es de justicia, que se redistribuya el peso de las indemnizaciones de forma equitativa, y no se castigue al pionero del desarrollo sostenible».
Por todo ello, Més per Menorca pedirá en el pleno de mañana que el decreto ley aprobado en el Consell de Govern del pasado 23 de noviembre, y que es el que se eleva al Parlament para su aprobación final, se tramite como proyecto de ley y se puedan presentar enmiendas, para que el Govern «al menos asuma parte de las indemnizaciones de Menorca», explica Martí.