La desaladora de Ciutadella está a un paso de entrar en funcionamiento, trece años después de que se adjudicara su construcción. Lo hará en enero una vez se firme el acuerdo entre Abaqua y el Ayuntamiento, que se prevé en unas semanas. Las obras de conexión de la planta con Son Blanc ya han finalizado, Abaqua dispone de empresa para la gestión y explotación de las instalaciones y el Ayuntamiento de Ciutadella aprobó el jueves definitivamente la modificación de la ordenanza que regula los precios.
El Govern indica que todo está ya listo para dar agua, tan solo queda pendiente que el Ayuntamiento rubrique el convenio para activar la instalación. Por su parte, la segunda teniente de Alcaldía, Noemí Camps, indica que ahora falta la publicación en el BOIB de la modificación de la ordenanza, que tardará unos días. Las tarifas entrarán en vigor cuando la desaladora esté en disposición de ofrecer agua, es decir, cuando se rubrique el convenio. Todo se producirá en el mismo momento.
Esta activación de la desaladora llega con una espada de Damocles para el Govern que puede ocasionar un varapalo a las arcas públicas. El recurso interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy a través del que reclama al Ejecutivo autonómico 20,2 millones de euros por el rescate de la desaladora sigue pesando sobre esta planta.
Y es que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez no va a mover ficha para retirar el recurso heredado. Así lo notificó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una reunión mantenida hace unos meses con el conseller Vicenç Vidal para tratar distintos temas que habían quedado pendientes o paralizados por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Entre estos temas se trató el contencioso de las plantas que entre la de Santa Eulària, en Eivissa, y la de Ciutadella, suman la friolera de 46 millones de euros.
El secretario de Estado manifestó que «el contencioso estaba demasiado avanzado para realizar cualquier movimiento», por lo tanto, el proceso judicial sigue su camino. La Conselleria de Medio Ambiente indica que el departamento «no iba a la reunión con ninguna idea preconcebida sino a exponer la situación y buscar soluciones en el caso de haberlas». Aunque, no hay duda de que el cambio de Gobierno había generado expectativas para la retirada de este recurso. Pese a ello, el gozo en un pozo.
La desaladora fue cedida por el Ministerio al Govern a través de un acuerdo en el que se incluía una cláusula por la que Madrid podía reclamar el dinero abonado a Acciona para rescatar la instalación. Sin embargo, el Ejecutivo balear llegó a un acuerdo político con la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en mayo de 2016 para poder desbloquear las dos plantas. Este pacto suponía que el Govern se encargaba de conectar las instalaciones a la red y el Ministerio rescataba la concesión de las desaladoras sin coste adicional para la Comunidad.
El Estado interpuso a finales de octubre de ese año una reclamación judicial ante la Audiencia Nacional al entender que debía ser el Ejecutivo autonómico quien pagara el rescate y los sobrecostes que alcanzan los 46,3 millones de euros entre las dos plantas. Se amparaba en el acuerdo de cesión. De hecho, un dictamen del Consejo de Estado avala la estrategia seguida por el Gobierno central y culpa al Govern de no haber cumplido su parte para que la planta entrara en funcionamiento. Este mismo documento insta al Ministerio a que reclame al Govern los costes derivados del retraso en la puesta en marcha de las desaladoras. Y así lo hizo.
La Conselleria de Medio Ambiente informa que la abogacía de la Comunidad, que lleva el tema, se muestra «confiada» en el proceso judicial. Aunque hay que esperar a que se dicte resolución para conocer cuál es el desenlace de estos 46,3 millones de euros que en estos momentos tienen en vilo al Govern.