Los capítulos de inversiones que recogen los presupuestos anuales de las administraciones públicas merecen ser, en base a los antecedentes históricos, siempre relatados en condicional. Su ejecución, lejos de darse por segura por el hecho de reflejarse en un papel oficial, queda a expensas de numerosos condicionantes, sobre todo de la voluntad política (mayor o menor urgencia) y de la tramitación burocrática, un auténtico laberinto que recientemente ha complicado la nueva fórmula de contratación impuesta por el Estado.
Los presupuestos de las administraciones públicas con mayor peso en Menorca para 2018 están a punto de caducar con una larga lista de inversiones previstas no ejecutadas. Ni una piedra movida. Solo papeles, idas y venidas. Algunos parecen estar próximos a su materialización, adjudicados y con licencias de obras concedidas (las viviendas del Ibavi en la calle Borja Moll, por ejemplo), y otros presentan un estado más embrionario por lo que afrontan el año venidero, de nuevo, con poca certeza en cuanto a que se puedan ver iniciados sobre el terreno (la apertura al público de las cuevas de Cala Blanca, por citar una de ellas).
A riesgo de no ser un cálculo exhaustivo, y sin contar obras presupuestadas pero que ya eran utópicas desde un primer momento para el año en curso (como el centro de interpretación de S'Enclusa), la cantidad total de las inversiones mayúsculas contempladas en los capítulos de inversiones y no ejecutadas supera los 20 millones de euros. Habría que añadir otras menores y la cantidad se dispararía. Y todo ello sin contar las actuaciones pendientes que deben ser financiadas, por ejemplo, con los fondos del impuesto de turismo sostenible en sus distintas anualidades, que también acumulan una significativa demora respecto a los plazos inicialmente anunciados. Algunos de ellos, de gran importancia, son la planta desnitrificadora de Maó, el proyecto para la recarga del acuífero de Es Migjorn con agua depurada o inversiones significativas en el Convent de Sant Diego, de Alaior. Solo estas tres iniciativas suman unos 2,5 millones de euros de presupuesto a la espera de ser ejecutado, y se trata solo de una pequeña parte.
Repiten
Algunos de estos proyectos presupuestados por las administraciones pero no materializados vuelven a aparecer en los presupuestos de estas mismas administraciones para 2019, en su integridad o mediante planificaciones de carácter plurianual cuando se trata de obras de una envergadura significativa. El Govern, al contar con las competencias en educación y vivienda, acumula una buena parte de estos proyectos por venir, aunque no son menos voluminosos, por ejemplo, los que pretende financiar Autoridad Porturia de Balears. El Estado y el Consell, así como en menor medida los ayuntamientos, también van aplazando la presencia de los obreros donde los situaba el capítulo de inversiones para 2018.
Otras inversiones que, en buena parte, no se han abordado dentro del ejercicio 2018 son aquellas que se han beneficiado, o deberían haberse beneficiado de partidas procedentes de los superávits de años anteriores, como algunas de las incluidas en el denominado ‘pic del agua' que promovió el Consell o la segunda piscina municipal en Maó. Cabe destacar también que una obra esperada, como son los nuevos juzgados de Ciutadella, cuenta en los presupuestos del Estado con una partida de 50.000 euros para la elaboración del proyecto, sin que tampoco se tenga constancia de que el proyecto se haya elaborado. Poco a poco.
En vez de tanto lazo amarillo, apoyo a todo lo que suena a catalán, pedir informes, si no sale bien, pedimos otro, etc. El PSOE y PSM-MES, con la ayuda de Podemos, han dejado la Isla medio paralizada, tenemos lo que nos merecemos, dimos votos a quien no se los merecía y así nos va.En Mayo tenemos la oportunidad de revertir todo este desaguisado, recordemos, va nuestro futuro en ello!!!.