El GOB mostró ayer su estupor por la recogida de firmas anunciada por un grupo de propietarios de viviendas ubicadas en los llamados hortals, los asentamientos urbanos levantados fuera de ordenamiento en suelo rústico, que se oponen a las demoliciones que impone el Plan Territorial Insular en caso de que en un plazo de dos años no se inicien los trámites de legalización.
El portavoz y coordinador de Política Territorial del grupo ecologista, Miquel Camps, recordó que se trata de parcelaciones y construcciones que se hicieron sin licencia, y por ende ilegales, y defendió que «deberían dar gracias que no se derribe todo», lo que le ocurriría a los propietarios de construcciones levantadas en esas condiciones en cualquier otro lugar de la Isla.
El proceso de legalización de los hortals, que el nuevo PTI hereda del ahora vigente, impone unos parámetros máximos de 90 metros cuadrados cuyo incumplimiento implica el derribo del volumen excedido. Con lo que en la práctica se amnistían esos metros de construcción fuera de ordenación. En ese sentido, Camps recuerda que 90 metros cuadrados es mucho más de lo que miden muchas viviendas en otros puntos de Menorca y aseguró que ese límite de 90 metros cuadrados –que ya rige en el PTI actual– «ya nos parece mucho».
Camps defendió que los propietarios se han beneficiado de años en que la disciplina urbanística ha tenido un «mal funcionamiento» y recordó que precisamente por la incapacidad o la inoperancia mostrada por los ayuntamientos al respecto, se creó el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico.
En los últimos 15 años solo dos núcleos rurales fuera de ordenación (de los casi 40 que hay registrados) han conseguido legalizar su situación con la aprobación de los respectivos planes especiales. Se trata de Camp Sarc (San Lluís) y Binicalsitx, (Ferreries). Otros dos núcleos rurales han presentado proyecto pero con demasiadas deficiencias.