Activar una campaña de recogida de firmas ha sido la primera reacción por parte de algunos propietarios de hortals fuera de ordenación tras la presentación del nuevo nuevo Plan Territorial Insular (PTI), que contempla su demolición «en el menor plazo posible» en el caso de no adaptarse a los parámetros que establece.
Los vecinos en núcleos rurales y con edificios susceptibles de ser derribados reclaman a la Administración una solución alternativa a esta problemática. «La normativa no se adapta para nada a la realidad y tampoco da una solución para poder legalizar», comenta una de las propietarias impulsoras de la iniciativa, Dolors Martínez.
Asegura que los titulares de estas viviendas se sienten «indefensos frente a la falta de responsabilidad y sensibilidad de la Administración», teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, se habitan de forma permanente. «Es de sentido común que rechacemos la idea de que se derriben nuestras casas o nuestras segundas viviendas», indica Martínez.
Quedarían exentas de esta intervención las construcciones que puedan adaptarse a los parámetros que determina el PTI en vigor. Es decir, que no superen los 90 metros cuadrados construidos ni una altura máxima de dos plantas.
Lo que no entiendo (y no es ironía, pues no lo entiendo de verdad) es que si son ilegales paguen IBI. Entonces el Ayuntamiento también es consciente de que era algo ilegal y en lugar de hacer algo, encima cobraba? O es que el IBI que pagaban es el de los metros que los propietarios declaraban legales y los que sobrepasaban las limitaciones nunca los pagaron?