El Defensor del Pueblo ha comunicado al PP de Maó que da por finalizadas sus actuaciones en relación a la queja que presentó este partido contra el Reglamento Municipal de Usos Lingüísticos aprobado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó. Lo hace después de haber recibido una respuesta de PSOE y Ara Maó en la que se rechaza su recomendación en cuanto a la necesidad de enmendar artículos que, al entender de este organismo, discriminan a los ciudadanos castellanoparlantes. El Consistorio lo refuta.
En su carta dirigida al PP, el Defensor del Pueblo sostiene, pese a los argumentos ofrecidos desde el equipo de gobierno, que «existen casos concretos contemplados en el reglamento de obligatoriedad del uso del catalán que suscitan serias dudas a esta institución sobre su adecuación a derecho». Estas situaciones específicas son, por ejemplo, «que los cursos de formación continua que imparte el Ayuntamiento sean en catalán, o el que los pliegos de condiciones para la contratación de obras y servicios municipales incluyan cláusulas lingüísticas que comprometan a las empresas adjudicatarias a utilizar el catalán en toda la documentación generada con motivo del contrato».
Francisco Fernández Marugán recuerda al PP que contra el reglamento cabe la posibilidad de un recurso ante los tribunales ordinarios, algo que de momento no se habría producido. Como fundamento de un hipotético contencioso, el Defensor del Pueblo reitera sobre el reglamento que «el peso del catalán en toda clase de actuaciones públicas es abrumador», frente al uso del castellano que «se encuentra preterido en la regulación municipal, de tal manera que únicamente en casos puntuales y cuando el interesado lo solicite expresamente se usará dicha lengua, convirtiendo su uso en excepcional y extraordinario».
Es más, Fernández Marugán considera que en un documento como este «el uso de ambas lenguas debe ser indistinto, consiguiendo así esa normalización a la que se alude en los textos legales».