Sin tenerlo todo cobrado. Así están los propietarios de las más de sesenta fincas expropiadas parcialmente para poder ejecutar las obras de reforma de la carretera general entre Alaior y Maó. Los expedientes de expropiación siguen abiertos desde el año 2014, cuando las máquinas ocuparon sus terrenos. La paralización de las obras durante estos ejercicios ha generado que los propietarios afectados no hayan podido cobrar la totalidad del precio fijado.
La reforma de este tramo de la carretera general afectaba a 67 propietarios y en torno a 130.000 metros cuadrados de terreno, por los que el Consell fijó el pago de 634.955 euros. Esta cuantía incluye también los terrenos afectados por el enlace de Alaior, unos 24.000 metros cuadrados, que en este caso, las obras ya están ejecutadas y, por tanto, quedarían fuera de esta demora.
Tal como marca la ley que regula las expropiaciones, el Ejecutivo insular hizo un primer pago a los afectados para poder entrar en las fincas e iniciar las obras. No obstante, no se ha liquidado el último pago porque no se han terminado. Además, esta demora devenga intereses y engrosa la cuantía final a afrontar.
El conseller de Movilidad, Miquel Preto, explica que esta liquidación debe realizarse por ley cuando las obras han concluido, nunca antes. Ya que suelen producirse modificaciones de los terrenos ocupados y tras un primer pago aproximado, luego se realiza la valoración real para liquidar los flecos que queden por asumir, si procede. Por lo tanto, este pago está pendiente de que finalicen las obras. «No podemos pagar una cosa que no sabemos qué cantidad será», asevera.
Preto calcula que si este año se aprueba el proyecto y el próximo ejercicio se ejecuta, los propietarios ya podrían cobrar. Se trata de un tramo de unos seis kilómetros de longitud.
El conseller carga contra el PP que «dejó un proyecto que era inviable, no ejecutable, y que necesitó una reforma en la que estamos trabajando, no es un problema que hayamos creado nosotros sino que nos lo dejó el PP» y recuerda que la constructora paralizó las obras «por inasumibles».
El PP defiende que los expedientes de expropiación «siguen donde los dejamos nosotros en 2015, no han cerrado ninguno cuando podían hacerlo», apunta la portavoz Salomé Cabrera. Y denuncia que «el retraso deliberado de las obras está generando intereses». La popular niega que el Consell tenga que esperar a finalizar las obras, los expedientes pueden cerrarse en paralelo a como avanzan las obras, pero como quieren modificar el proyecto...». Agrega, asimismo, que «la zona expropiada está definida por las parets seques, por lo tanto, los márgenes están claros». Y se refiere a su vez a los tramos de la vía que quedan fuera de la polémica y «cuyos expedientes podían haberse cerrado».
El PP calcula que los intereses acumulados pueden llegar a los 198.000 euros tomando como referencia una sentencia que fijó el metro cuadrado expropiado en 14,8 euros. Aunque dependerá de como termine cada expediente.