«La compra del pacto de gobierno a golpe de chequera municipal se me hace difícil de digerir», afirma Jorge de Diego respecto a las nuevas retribuciones aprobadas la noche de este jueves por el Ayuntamiento de Sant Lluís para el equipo de gobierno. Se ajustan a los parámetros legales, pero «no siempre lo legal va en la misma línea de lo moral», añade el portavoz de Ciudadanos.
Considera particularmente indignante la subida de 7.500 euros (brutos al año) «al primer teniente de alcalde de un municipio de 7.000 habitantes», en referencia a Joan Miquel Pons, de Volem. Sobre el aumento de retribución de la alcaldesa entiende que era esperado, «bajar de escalafón económico de la carrera política tendría que amortiguarlo de alguna manera», comenta.
También el PP centra su principal crítica en el trato retributivo otorgado «a algunos que han trabajo poco y se suben el sueldo mucho», señala Loles Tronch en referencia al primer teniente de alcalde. Considera como De Diego que el aumento es «excesivo» y, sobre todo, cita la falta de criterio para el aumento.
Recuerda que en 2011, Cristóbal Coll bajo las remuneraciones un 26 por ciento y que Montse Morlà no las varió. «Es escandaloso una subida del 200 por cien por la asistencia a la Junta de Gobierno, que es una reunión de un cuarto de hora antes de otra comisión», critica. Interpreta que será el modo de retribuir a dos concejales sin dedicación exclusiva (Herráiz y Martínez), quienes de este modo, 140 euros por cuatro comisiones al mes, percibirán mil euros cada mes.
La alcaldesa: «Este organigrama tiene un coste, sí, per es un coste justo»
La alcaldesa Carol Marquès afirma que el aumento de las retribuciones es del 23,62 por ciento en el caso del teniente de alcalde. Explica que pasará de cobrar 1.820 euros a 2.250 al mes, mientras que la dedicación de la alcaldesa pasará de pagarse 2.502 a 2.750 euros, un 9,91 por ciento más. Sus cuentas toman como referencia las retribuciones que están percibiendo actualmente, una vez actualizadas las remuneraciones aprobadas en 2015.
Dice ser de la opinión de que no debería ser la Corporación la que decida la remuneración de sus concejales, critica la demagogia que siempre suscita este punto y admite que el organigrama «tiene un coste, sí, pero consideramos que es un coste justo».