El GOB salió este viernes al paso de las críticas recibidas por parte de los promotores del agroturismo de Santa Ponça (Alaior), los inversores franceses Fréderic Biousse y Guillaume Foucher, que la semana pasada acusaron a la entidad ecologista de ver el turismo «como una vergüenza o un mal innecesario» a propósito de las trabas burocráticas que se han encontrado durante la tramitación. La respuesta del GOB es contundente y aclara que «el turismo no es ninguna vergüenza, la vergüenza es que con un proyecto de 8.800 metros pretendan además construir edificios para usos agrarios».
El grupo ecologista hace un poco de memoria para aclarar las razones que les llevaron a presentar alegaciones contra el proyecto de conversión de la emblemática finca en un establecimiento hotelero sobre suelo rústico. Recuerdan que en este lloc había una casa señorial de 2.850 metros cúbicos y el proyecto planteaba ampliarla en 478 metros cúbicos. Otro almacén de 662 metros cúbicos se ampliaba con 571 metros cúbicos más. Una boyera de 645 metros cúbicos crecía en 665 metros. Unos almacenes agrarios al norte de la casa pasaban de 779 metros a 989 metros y finalmente el proyecto contaba con una construcción agraria de 334 metros, aunque en este caso no se reclamaba ampliación.
El balance es que a los edificios preexistentes, que sumaban 6.266 metros, se le querían sumar 2.545 metros y todos esos edificios se destinan a uso turístico, no dejando espacio para edificios vinculados a la actividad agraria, lo que llevó a los promotores a afirmar que no tenían sitio para guardar ni el tractor. «Lo que pedíamos en las alegaciones es una cosa tan aparentemente lógica como que no se destinaran todos los edificios a usos turísticos».
Desde el GOB subrayan que como la normativa no permite hacer nuevas construcciones para usos turísticos, los promotores decidieron destinar todas las edificaciones existentes al uso turístico y ampliarlas para luego pedir nuevas construcciones para albergar los usos agrícolas. «Discutimos que los promotores estén haciendo una interpretación adecuada de la normativa». «No se puede alabar la conservación que ha sabido tener Menorca para, a continuación, proceder de esta manera», concluyen.