Resulta difícil saber a ciencia cierta si el ultimátum dado por el Consell en plena temporada alta a las grandes plataformas de alquiler turístico ha tenido algún efecto en el mercado, lo que sí se puede afirmar es que a día de ayer, 19 días después de que el Consell les enviara un escrito exigiendo que retiraran todos los anuncios de viviendas sin número válido de licencia, este tipo de oferta sigue presente al menos en algunos de los principales portales de alquiler vacacional como son Airbnb, Homeaway y Tripadvisor, a través de su web y de Niumba, de su propiedad.
Desde la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT), que integran algunos de los grandes portales como Homeaway, Niumba, Rentalia y Spain-Holidays.com, prefirieron ayer no valorar el aviso lanzado por el Consell, que les daba un margen de 15 días desde la recepción de la notificación para retirar los anuncios ilegales.
Están a la espera de preparar un posicionamiento conjunto. Sin embargo, la directora general de Rentalia, Almudena Ucha, que forma parte de una asociación de la que hasta hace poco ha sido presidenta ofreció algunas pistas sobre el posicionamiento de las plataformas.
Ucha explicó que desde 2017 su plataforma exige a los propietarios que completen el campo del número de registro para poder anunciarse. Ello no ha impedido que el rastreo realizado por el Consell a las puertas de la presente temporada turística detectara 80 viviendas en situación irregular. Desde el departamento de Ordenación Turística señalaron entonces que algunos anunciantes ponían números que no se correspondían con los que expide la administración, inventados, o incluso identificaciones que no sirven, como un Documento Nacional de Identidad.
En ese sentido, desde Rentalia muestran su «sorpresa» por la advertencia del Consell y subrayan que «nosotros somos una plataforma en la que hay anunciantes que son responsables de que la información que dan sea cierta». Arguyen para el caso menorquín y para todas las normativas que se están aprobando a nivel autonómico, regional y municipal, que la ley por la que se rigen sus negocios, La Ley de Sociedades de la Información (LSSI), no les obliga a controlar la legalidad de la oferta: «Es tarea de la administración revisar que la información sea correcta», aseguran, llamando la atención sobre el conflicto existente entre la Ley Turística de Balears y esa normativa de ámbito nacional.
No en vano, la última modificación de la Ley Turística corresponsabiliza a las plataformas de la existencia de oferta irregular entre su cartera de viviendas y establece sanciones que pueden llegar hasta los 400.000 euros si dan publicidad a viviendas que no cuentan con el pertinente número de licencia turística. Otras plataformas como Airbnb y Homeaway, que según la inspección del Consell aglutinan más de la mitad de la oferta irregular, dieron ayer la callada por respuesta a las demandas de información de este diario, mientras en sus webs se pueden seguir contratando un buen número de casas sin licencia expuesta.