El anteproyecto de la nueva Ley de Consells Insulars, que pretende ser de las primeras que apruebe el Govern (excluyendo la de Presupuestos) reforzará su papel de «instituciones de la Comunitat Autònoma» y diferenciará los órganos de gobierno de naturaleza autonómica de los de administración local.
El anteproyecto está siendo revisado ahora en la Abogacía de la Comunidad Autónoma antes de que se pase a los consells de cada isla ya que, aunque se trata de un proyecto del Ejecutivo, éste quiere mostrarlo previamente a los entes insulares.
Federalismo insular
La futura ley, que no resolverá su modelo de financiación, reconoce la doble condición de los gobiernos insulares pero al reforzar su naturaleza institucional, establece para éstos, los mismos controles que tiene el Govern.
Por primera vez se establecerá una regulación del sector público instrumental (empresas e institutos públicos) y dotará de nuevas atribuciones a los gobiernos de cada Isla.
El anteproyecto suprimirá un organismo, la Comisión Técnica Interinsular, y creará otros mecanismos de coordinación entre los entes insulares y el Ejecutivo de las Islas.
El Govern, en determinados asuntos, podrá coordinar el ejercicio de competencias de los consells cuando se afecten a los intereses de la Comunitat Autònoma pero, a la vez, los consells tendrán que ser consultados.
Desde el punto de vista político es lo que la presidenta Francina Armengol ha definido como «federalismo insular». La ley prevé un estatus especial para el Consell de Formentera.
Con el modelo vigente en la actualidad, aprobado en el año 2000, las competencias entre las distintas islas han quedado desniveladas. Es lo que sucede, por ejemplo, con la ordenación turística o las políticas de transporte por carretera, que en el caso de Mallorca sigue ostentando el Govern.