El Govern pagó durante la pasada legislatura un total de 227,6 millones de euros en indemnizaciones a promotores como consecuencia de sentencias urbanísticas adversas. Son los datos que ha facilitado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz adjunto del PP en el Parlament, Antoni Costa.
Los datos facilitados por el Govern arrancan en 2014, año en el que todavía gobernaba Bauzá y en el que se pagaron 2,24 millones de euros. En 2015, la cifra desciende a 114.505 euros, sube a 1,19 y 1,15 millones respectivamente en 2016 y 2017 y se dispara en 2018 y 2019. En el primero de esos años, las indemnizaciones suman 157,01 millones de euros; en lo que llevamos de año, el Govern ha pagado otros 68,11. Ese es la suma que da un total de 227,6 millones durante la legislatura.
Época Antich
La ley que ha provocado este impacto económico en las cuentas del Govern, el equivalente aproximado a la recaudación de la ecotasa durante dos años, se aprobó en el año 2008, cuando gobernaba Francesc Antich. Se desclasificaron un número importante de urbanizaciones de toda Balears con la esperanza de que los jueces dieran la razón a la Administración, pero no ha sido así. Las sentencias que se han dictado han dado en su mayoría la razón a los promotores.
Amb la dreta perdíem doblers per malversar i robar i amb l'esquerra perdem encara més doblers per mala gestió.No ser que es millor