El debate público sobre la instalación de generadores para minimizar los efectos de una avería a gran escala en el sistema eléctrico menorquín vivió ayer, coincidiendo con el primer aniversario del tristemente célebre cap de fibló, una última e inesperada vuelta de tuerca. Tras más de un año de negativas del Gobierno a la adopción de medidas para aportar mayores garantías al suministro hasta la llegada del cable, el Ministerio para la Transición Ecológica afirmó ayer que no se opone a autorizar la llegada de los grupos electrógenos, pero que necesita el visto bueno de un órgano superior, la Comisión Europea.
Eran muchas las expectativas que se habían generado con la comparecencia al fin de un representante del Ministerio en la comisión ‘antiapagón' formada por el Govern, el Consell, Red Eléctrica y Endesa; sin embargo, lejos de despejarse el camino para la llegada de los generadores de refuerzo, se han revelado nuevas trabas al más alto nivel, según el relato del vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, y de la presidenta del Consell, Susana Mora, visto que el representante del Ministerio, el subdirector de Energía Eléctrica de la Secretaría de Estado de Energía, Manuel García Hernández, tenía órdenes de no hacer manifestaciones públicas.
El problema parece radicar en el Real Decreto 738/2015 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas no peninsulares. La Comisión Europea observa este real decreto con gran recelo desde que se empezó a aplicar en el año 2015 ya que no cumple con los preceptos europeos de libre competencia, al consolidar situaciones de monopolio en la generación eléctrica, en este caso Endesa. El Gobierno, que ya ha sido advertido en diversas ocasiones de la situación por la Comisión Europea, tiene que consultar si es posible adoptar medidas extraordinarias en relación a una normativa que no se adapta a lo que persigue el Ejecutivo europeo.
Yllanes informó ayer de que el Ministerio se ha comprometido a iniciar, un año después del cap de fibló y tras las numerosísimas demandas de instalar generadores, los procedimientos de consulta ante la Dirección General de Competencia de la Unión Europea para saber si puede autorizar la instalación de generadores de refuerzo en un sistema que está suficientemente cubierto con la potencia de la central de Maó y que, pese a la ausencia del cable, cumple todos los criterios mínimos legalmente exigidos para la garantía del suministro.