El plan de lucha contra la precariedad laboral de Balears ha permitido, en su quinta edición, mejorar las condiciones laborales de 443 personas trabajadoras de Menorca, según ha informado este miércoles el director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, Rubén Castro.
Castro ha apuntado que gracias a la actuación de los seis inspectores y subinspectores del Cuerpo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que durante julio y agosto han desarrollado la campaña, los afectados han visto sus contratos temporales convertidos a indefinidos, sus jornadas ampliadas o han sido dados de alta con contratos indefinidos.
En este punto, ha destacado la eficacia de esta acción, que desarrolla la Inspección de Trabajo en estrecha coordinación con la Conselleria, ya que se ha demostrado «la utilidad de los instrumentos conjuntos entre ambas instituciones a la hora de abordar la lucha contra la precariedad».
El director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral ha asegurado que en más de 30.700 personas han mejorado sus condiciones laborales desde 2015 en Baleares, de las cuales 2.580 se han registrado en Menorca.
Entre los meses de julio y agosto de este año se han visitado 244 empresas en Menorca. Como resultado de esta actuación, se han revisado 1.095 contratos, de los que se han transformado directamente 385 contratos temporales en indefinidos en Menorca, lo que representa un 35,1 por ciento de todos los contratos revisados, más de uno de cada tres en fraude de ley.
En cuanto a la parcialidad, se han ampliado en Menorca las jornadas de 33 contratos a tiempo parcial, el 10 por ciento del total de los revisados. También se ha aflorado el empleo de 25 personas en esta Isla.
Por otra parte, este año ha sido la primera vez que se ha realizado el control de jornada en algunas de las empresas que se han visitado en el conjunto de Baleares.
En total, se ha actuado en 650 centros de trabajo y se han producido 151 requerimientos, es decir, prácticamente a uno de cada cuatro establecimientos visitados.
Como resultado de toda la actividad inspectora del verano, se han iniciado 93 expedientes sancionadores en Balears, con una propuesta de multas que ascienden a casi 400.000 euros y que afectan a 120 personas trabajadoras.