Los grupos políticos del Consell se unieron ayer para reclamar una mayor regulación y limitación de los juegos de azar y las salas de apuestas. La institución se une así a la movilización vecinal contra este tipo de negocios, que aseguran son la puerta hacia la ludopatía para muchos jóvenes. Además el gobierno insular quiere que su opinión cuente a la hora de aprobar la implantación de este tipo de establecimientos, que hasta la fecha requieren la autorización autonómica y el permiso de apertura del municipio correspondiente. La propuesta aprobada ayer y defendida por la consellera de Podemos, Cristina Gómez, exige medidas de ámbito estatal, como la supresión de la publicidad (igual que se hizo con el tabaco) y la subida de impuestos sobre actividades como las casas de apuestas y el juego en línea. Otras, de ámbito balear, como que el Govern elabore una política pública adecuada para el control de la instalación de estos locales y que para ello «trabaje coordinadamente con las otras administraciones insulares y locales, para poder ofrecer una respuesta completa desde todos los niveles administrativos y de gobierno».
De hecho el Govern balear se plantea aprobar una moratoria de salas de juego en el archipiélago para controlar el sector, que ha crecido en los últimos años. Reacciona así a la protesta ciudadana contra estas salas. Trece entidades de Balears presentaron la semana pasada un manifiesto en el que reclaman combatir la «proliferación» de casas de apuestas, máquinas tragaperras y salones de juego, así como la «constante y agresiva publicidad del juego on line». El Govern solo cuenta con dos inspectores para controlar el sector. De momento se han implementado medidas como la prohibición de que menores puedan entrar en las terrazas de algunos de estos negocios y también el control de acceso biométrico a las salas. En Menorca existen actualmente nueve locales de apuestas y máquinas recreativas, a las que se suma el Casino Marítim del puerto de Maó.
Pero donde no tiene competencias el Ejecutivo autonómico es en el negocio online, que debería ser regulado por el Estado. Durante el debate en el pleno del Consell tanto Gómez como el portavoz de C’s, José Negrete, incidieron en que los problemas de juego afectan sobre todo a jóvenes y a las clases sociales más desfavorecidas, de hecho Gómez afirmó que en el juego online se ofrece financiación para seguir apostando, con lo que el riesgo de endeudamiento es mucho mayor.