La concejala de Ciudadanos, María Pons, tuvo una intervención breve en el debate de presupuestos, suficiente para exponer que hay 0 euros previstos en mejora de la potabilidad del agua y criticar «el espectacular aumento de la política represiva con una recaudación prevista por multas del 36 por ciento». El incremento «responde a la falta de civismo de la ciudadanía, la previsión se realiza en función de las liquidaciones del año anterior, que van en aumento», justificó María José Camps, la teniente de Alcaldía que defendió las cuentas municipales para el año que viene.
También el alcalde en la intervención que cerraba el debate aludió a este punto, «prever aumento de ingresos por multas no es ‘guapo', pero las multas las pagan solo los infractores, sería incoherente no prever estos ingresos», le respondió aduciendo que son los propios vecinos los que exigen cumplimientos y para ello se han comprado radares de control de la velocidad.
Basili Ferrer, que ha tomado el relevo de Salvador Botella como portavoz popular en temas económicos, centró su crítica en el aumento de la presión fiscal. «Desde 2015 se ha recaudado un 18 por ciento más por IBI, mientras que el IPC en ese mismo periodo ha crecido un cuatro por ciento. Ese incremento lo pagan los mahoneses», señaló.
La respuesta de Camps aludió a que en ese periodo la ordenanza no se ha modificado y que el mayor volumen responde a las regularizaciones del catastro. «El tipo se mantiene al 0,67 por ciento desde 2015, es imposible que el impuesto haya aumentado», le recriminó.
Incidió también Ferrer en que no se incluyan los ingresos por incompetencias impropias, que corresponden a la Comunidad Autónoma o al Estado y que asume el Ayuntamiento, valoradas en tres millones. «Si no las hemos podido cobrar este año, lo honesto es no incluirlas el siguiente», justificó Camps.
El portavoz popular criticó el documento presupuestario por haber abusado del ‘cortar y pegar', por las correcciones realizadas una vez presentado, por falta de transparencia y por incluir un cuadro comparativo de los últimos años que omiten la ejecución real en vez de la prevista. En su denuncia de mayor presión fiscal destacó las plusvalías, incluidas las que provienen de herencias familiares, con un 61 por ciento más de ingresos previstos, «Tanto les gusta subir impuestos, digan claramente que han aumentado, lo reflejan los números», dijo.
También puso en duda la capacidad municipal para llevar adelante las inversiones recogidas en los presupuestos, «¿tienen los proyectos redactados? ¿no tendría que trabajarse más la potabilidad del agua?», añadió. El principal ejemplo lo situó en la Sala Augusta, que este año contaba con 500.000 euros presupuestados y no se han ejecutado y para 2020 se ha fijado una partida de 331.000 euros.
Camps mostró su convencimiento de que irá adelante y realizó un elogio general de las cuentas presentadas, porque están pensados para crear una ciudad amable, promoverán una dinamización en todos los ámbitos, «estamos orgullosos de figurar en la cabeza del ranking de gasto social», respondió al portavoz popular. Coincidió con el alcalde al tratar la presión fiscal en que reducir los impuestos implica reducir las inversiones, «si bajamos los impuestos, dígame qué inversiones retiramos».
Como estaba previsto, PSOE y Ara Maó votaron a favor, el PP en contra y Cs se abstuvo.