La Sociedad Histórico Arqueológica ‘Martí i Bella' no da su brazo a torcer y ha rechazado la última propuesta que los promotores de Son Salomó –que cuentan con todos los permisos para iniciar las obras– les han hecho llegar y que implicaría una nueva reducción de la extensión del proyecto de ampliación, la que sería la tercera desde que recibiera la declaración de interés general. Los promotores buscan con ese gesto la retirada de los contenciosos judiciales y recursos administrativos que las entidades proteccionistas de los bienes de Punta Nati mantienen contra la tramitación del parque que permitirá aupar la generación eléctrica renovable hasta el 20 por ciento.
Aunque los promotores han pasado todos los trámites y cuentan con vía libre para el inicio de las obras, fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que en estos momentos ven seriamente amenazado el proyecto.
La clave no está tanto en los recursos judiciales, hasta tres ha interpuesto la entidad (contra el Govern por conceder la autorización administrativa al parque y contra el Consell por excluir la zona de ampliación del BIC de Punta Nati). No en vano, la solicitud de medidas cautelares no sale gratis. La parte demandante tendría que depositar un elevado aval para cubrir los daños y perjuicios que conllevaría la paralización en falso de un proyecto que tiene una ayuda pública aprobada de 7,2 millones de euros.
Paralización
El gran temor se sitúa ahora en el recurso administrativo que esta sociedad mantiene frente al Consell y que, dependiendo de como se resuelva, podría obligarle a incoar un nuevo expediente para el BIC de Punta Nati. La Ley de Patrimonio establece que en ese momento, y a la espera del resultado final se tendrían que paralizar el proyecto, a pesar de que cuente con todos los permisos administrativos.
El planteamiento de la ‘Martí i Bella' es que el nuevo parque, que en un principio fue aprobado con una extensión de 174 hectáreas y que tras la última reducción se queda en 104, se reduzca aún más, hasta las 69 hectáreas. Los promotores han mostrado en todo momento voluntad de reducir al mínimo su propuesta. El problema es que de esas 69 hectáreas solo son útiles para la instalación de placas un total de 40, una extensión insuficiente para mantener los 50 megavatios de potencia del proyecto.
Los promotores aseguran que técnicamente es imposible y que necesitan al menos 55 hectáreas útiles, para lo que se requiere que los paneles se adentren en la parte más septentrional de las tres en que se divide la finca. Ese es el punto de discordia ya que la entidad proteccionista no parece hasta el momento dispuesta a ceder. Esta mañana comparecen para posicionarse públicamente.