La lucha contra el cambio climático tiene muchos frentes y en uno de ellos, el transporte aéreo, los territorios insulares se van a ver abocados a un problema de gran magnitud. Desde la Unión Europea crece un movimiento que pretende desincentivar el uso de aviones en favor de otros medios menos contaminantes, con medidas, como la imposición de tasas que graven el queroseno, que pueden suponer un importante encarecimiento de los desplazamientos y por consiguiente un freno a los movimientos turísticos, amenazando la economía de territorios con una fuerte dependencia de este sector de actividad y que, por el momento, no vislumbran alternativas de transporte no contaminante.
La parte más visible de estos movimientos contra el transporte aéreo llega desde el activismo. Una corriente iniciada desde países nórdicos extiende la llamada vergüenza de volar por el continente. Pero no se quedan ahí. Estados miembros del calado de Alemania, Italia y Francia también quieren ir en esa dirección. Hasta nueve países encabezados por Holanda han reclamado a la Comisión Europea que establezca gravámenes de ámbito comunitario al queroseno. Y Francia ya ha dado el paso en solitario desde el pasado 1 de enero.
España no había hecho ningún gesto al respecto. Pero la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abierto esta semana la puerta a este tipo de iniciativas fiscales calificando las medidas que desincentivan el uso del transporte aéreo como «interesantes» y asegurando que pasos unilaterales como los que ha dado el Gobierno francés son una opción «razonable».
Tomemos el ejemplo de Francia, que establece una tasa de entre 1,5 euros y 18 euros por billete de avión (otros países proponen que esas tasas sean mucho más elevadas). El Gobierno galo no aplicará esa gravamen a los pasajeros de territorios no continentales como Córcega. Parece previsible que este tipo de medidas aplicadas en España también libren a los residentes en islas, pero otra cosa serán los turistas, habida cuenta del celo por la libre competencia que se impone en la Unión Europea.
El catedrático de Ciencias de la Computación en la Universidad de Valencia Gregorio Martín, que está analizando las consecuencias que tendrá el diseño de la lucha contra el cambio climático en las economías y en el empleo, tiene muy claro que la tasa a la aviación «será sí o sí» y que la cuestión es «cuándo». Explica que en todos los demás agentes que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero hay alternativas verdes, pero no en el transporte aéreo. Considera que esas medidas afectarán de lleno al movimiento de turistas y llega a una rotunda e inquietante conclusión: «Las islas que dependan del turismo están muy tocadas».
En ese sentido apunta a algunas decisiones que se están tomando y que a su entender terminarán relegando al transporte aéreo a un sector poco estratégico tanto para la inversión privada como para la pública, teniendo en cuenta que unos y otros se están enfocando hacia actividades que en el futuro no se vean penalizadas por la lucha contra el cambio climático. Un ejemplo. La Comisión Europea ha definido las actividades que podrán ser objeto de los llamados bonos verdes, subvenciones para una economía verde, y «no dice ni media palabra ni del avión ni del barco, ni del turismo, no habrá ni un duro para estas actividades».
No comparten esa visión pesimista desde el Govern. El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, matiza en primer lugar las palabras de la vicepresidenta Teresa Ribera. Después de que sus declaraciones favorables a la imposición de tasas al queroseno crearan un gran revuelo mediático, tuvo una conversación con la máxima responsable española en la lucha contra el cambio climático. «Su voluntad es abrir un debate teórico que no va ligado a los territorios insulares». En otras palabras, el impuesto no afectaría a las rutas que conectan con las islas: «Las islas son los últimos territorios en los que se deben aplicar este tipo de medidas», defiende, por el principio de la debida «justicia social» que debe acompañar al proceso de transición que tiene en el año 2050 la meta final de cero emisiones.
El argumento es que cada territorio, según sus características, deberá adaptarse progresivamente a las necesarias limitaciones que se impondrán. Del mismo modo que las islas son ámbitos geográficos idóneos para implantar por ejemplo la movilidad eléctrica en las carreteras o para restringir el uso de vehículos más contaminantes como el diesel, no deberían verse afectados en una primera fase por tasas a transportes cruciales para garantizar su derecho a la movilidad, ante la escasez evidente de alternativas.
Pons no duda además que esa exención de la subida de tasas aéreas no se circunscribirá a los residentes, sino que se extenderá al flujo turístico hacia las islas. Lo entiende así porque no se trata de una tasa al pasajero –por así decirlo–, sino al combustible que usan los aviones. En ese punto no coincide con algunos expertos que alertan de que se podría incurrir en un problema de agravio comparativo con otros territorios que también tienen una fuerte dependencia del turismo, aunque estos pueden contar con mayores alternativas de transporte.
jo emb pregunto, questa taxa impedira la contaminacio? oi que no, allavorens de que serveis?, es cla per umplir las butxaques de segons qui.