«Hemos decidido rescindir el contrato y la empresa está de acuerdo». Con esas palabras la consellera de Movilidad, Francesca Gomis, anunció ayer ante el pleno el final de más de dos años y medio de relación con la empresa a la que el Consell encargó en mayo de 2017 que rehiciera el proyecto de reforma del tramo Maó-Alaior de la carretera general, Airtificial (antes Inypsa). Regreso a la casilla de salida. El equipo de gobierno tendrá que volver a licitar los trabajos de redacción del proyecto y, mientras tanto, la carretera general seguirá con las obras paralizadas.
Gomis reveló, en su turno de respuesta a una moción presentada por el conseller del PP Adolfo Vilafranca, que la rescisión del contrato se producirá de mutuo acuerdo: «No nos haremos daño con ningún contencioso, ya estamos llevando a cabo los trámites administrativos necesarios». También aseguró que el departamento de Movilidad ya está trabajando en la redacción de los pliegos del nuevo contrato.
Aunque la consellera no aseguró explícitamente que el equipo de gobierno –donde hay voces discordantes– haya decidido derribar los puentes a medio construir de las rotonda previstas en L'Argentina y Rafal Rubí, solo hay que remontarse a la anterior sesión plenaria, la del mes de enero, para hallar una respuesta. Entonces fue taxativa. «Si se continua la carretera con los dos puentes, no se rescindirá el contrato: si se continúa con el modelo que nos gusta, sin los puentes, se tendrá que rescindir». También dejó claro que no tienen intención de seguir lo que dictan los informes internos y externos y que se guiarán también por nuevos informes que tengan en cuenta «un mayor abanico de alternativas, y no solo la rotonda a doble nivel o la rotonda a nivel».
El conseller Vilafranca, por su parte, acusó al equipo de gobierno de haber llevado a cabo «una nefasta gestión del contrato» con hasta cinco negligencias. Para justificar su afirmación hizo un detallado relato de los hechos que se han sucedido desde ese mes de mayo de 2017 en que se firmó el contrato para la redacción del proyecto. Ese contrato daba un plazo de cinco meses y medio para redactar el proyecto: «Estamos en 2020 y no se ha hecho, Si eso no es negligencia...».