El obispo de Menorca, Francesc Conesa, afirmó este viernes en Alaior que «los primeros responsables de la educación son los padres, porque es un derecho básico e inalienable de los padres educar a sus hijos». Añadió que «corresponde a los padres por el hecho de haber engendrado a los hijos; quien engendra una vida, tiene que sostenerla y educarla».
Conesa manifestó que «la educación de los hijos debe ser integral, incluyendo conocimientos, valores, espiritualidad y creencias» y explicó que en la visión cristiana de la vida hay dos elementos básicos: amor y libertad. Ello incluye el derecho a educar en conciencia, de acuerdo con los valores y convicciones de los padres, porque la formación religiosa y moral corresponde a los padres. Y al mismo tiempo libertad para elegir el centro educativo. «La libertad educativa es consecuencia del derecho primero de los padres a educar», subrayó.
El pastor de la diócesis de Menorca efectuó estas declaraciones en el ciclo «Diàlegs amb el bisbe Francesc Conesa» organizado en la parroquia de Santa Eulàlia de Alaior con la pregunta «Qui ha d'educar el nostres fills?». Señaló que en su misión educadora, los padres necesitan la colaboración del Estado, de la Iglesia, y, en general de la sociedad, pero debe respetarse siempre el principio de subsidiariedad.
Función del Estado
«Los poderes públicos -indicó- deben cuidar la educación y garantizar un buen nivel cultural de la población, porque sólo una buena educación garantiza el funcionamiento de la sociedad». Por eso corresponde al Estado garantizar un sistema educativo de calidad para todos, garantizar el derecho de los padres a elegir un centro educativo de acuerdo con sus ideas y convicciones, y también establecer los niveles básicos de enseñanza.
El Estado ha de promover asimismo una educación en libertad que favorezca la tolerancia y la paz, y actuar de modo subsidiario cuando la familia no pueda garantizar la educación de los hijos. Pero, advirtió el obispo, «no le corresponde al Estado abrogarse la exclusiva competencia en educación, imponiendo la escuela pública, porque en este caso el Estado se declara único poseedor del derecho a establecer y gestionar los centros de enseñanza».
Conesa calificó de «abuso» que el Estado imponga principios o criterios morales, tras señalar que desde el siglo XVIII se observa una tendencia de los poderes públicos a asumir de modo exclusivo la función educativa «con la pretensión de extender a todas las personas una ética única».