El Ayuntamiento de Maó tiene ya en su mano todas las resoluciones ambientales necesarias, procedentes de las distintas administraciones implicadas, para proceder ya a levantar una suspensión de planeamiento urbanístico que afecta desde hace diez años de forma total o parcial a cuatro urbanizaciones costeras del municipio. Especial incidencia ha tenido esta situación de paréntesis en una docena de parcelas de Sant Antoni, en S'Altra Banda del puerto de Maó, ya que algunas de ellas están sin edificar.
Ha sido un proceso muy complejo, que ha pasado por Palma, Madrid y Bruselas, y que ha provocado que en este periodo de tiempo los propietarios de estos solares no hayan podido realizar ningún proyecto de construcción, a pesar de tratarse de suelo urbano reconocido como tal desde el PGOU de 1987.
La historia se remonta a finales de 2010, cuando en pleno proceso de revisión del PGOU de 1987 para su adaptación al PTI, el equipo de gobierno municipal detectó unos errores en la delimitación de las zonas de protección LIC y ZEPA establecidas por Red Natura 2000, que provocaron que se incluyeran en estas figuras de protección ambiental unos terrenos calificados como suelo urbano en Sant Antoni, Canutells, Es Murtar y Sa Mesquida. En total, 85.523 metros cuadrados.
Entonces, se inició la subsanación de esta incidencia, que ha tenido que pasar por distintas administraciones hasta la Unión Europea, que es quien tiene la potestad de cambiar las lindes de estas zonas de protección. El proceso se sabía largo y por eso el PGOU se aprobó en 2012 con estas zonas afectadas en suspenso, lo que implicó su inhabilitación a efectos urbanísticos. No era cuestión de demorar tan importante documento para la ciudad.
En 2018, siete largos años después, se aprobó por parte de Red Natura 2000 una nueva delimitación de la parte más controvertida de la zona de protección del norte del municipio, la correspondiente a la urbanización de Sant Antoni, con la exclusión de las parcelas afectadas. Para el resto, donde apenas hay incidencia urbanística efectiva, se establece la necesidad de que todas ellas cuenten para poder ser regularizadas con el correspondiente estudio de repercusiones ambientales. Fue el pasado mes de enero cuando la Comisión Balear de Medio Ambiente tramitó el informe ambiental estratégico, por lo que se facultó ya al Ayuntamiento de Maó para llevar a cabo la incorporación de estas parcelas al PGOU con todos sus derechos urbanísticos en cuanto que entiende que este trámite no genera unos efectivos significativos sobre el medio ambiente. De hecho, la resolución de la Comisión Balear establece una serie de parámetros a tener en cuenta a la hora de actuar en estos y de formalizar su inclusión en el PGOU, a tenor de las características de cada uno de estos espacios.
Ahora, los trámites de incoporación de estas unidades al PGOU conllevará algunos meses, con aprobaciones iniciales, exposiciones públicas y aprobaciones definitivas tanto en el Ayuntamiento como en el Consell.