La actividad administrativa dirigida al ciudadano se ha ralentizado en los ayuntamientos de la Isla durante el estado de alarma con una notable excepción: la emisión de certificados de empadronamiento y de convivencia en el domicilio familiar. La razón no es otra que la necesidad de las familias de acogerse a algunas de las ayudas urgentes establecidas por el Gobierno para poder pagar alquileres e hipotecas, dado el parón de la economía que ha motivado la pandemia y la consecuente disminución de ingresos en los hogares.
En los ocho municipios ha habido un aumento de emisión de certificados en las últimas semanas, una tramitación que se realiza casi al cien por cien por vía telemática y correo electrónico. Aunque los empleados públicos acuden a su puesto en los servicios de información al ciudadano, por turnos y cumpliendo las medidas de prevención, la atención presencial es excepcional, se recurre al teléfono y al mail.
Algunos consistorios ya tienen cuantificado ese incremento de actividad: en Maó en un plazo de diez días, del 6 al 16 de abril, habían expedido 126 certificados de empadronamiento y 35 de convivencia; en Sant Lluís han registrado en las últimas semanas 23 solicitudes de certificados de empadronamiento y cuatro de convivencia. Otros como Es Castell no han notado un incremento significativo pero sí, al contrario, una caída en las peticiones de altas en el padrón debido a que no hay temporeros que lleguen a trabajar en los bares y hoteles del municipio.
Ciutadella no dispone de cifras pero es una realidad en su servicio de atención ciudadana que buena parte de los tramites son los certificados de convivencia y empadronamiento solicitados por bancos para acogerse a la moratoria de deuda hipotecaria, o en casos de inquilinos, renegociar las condiciones de los alquileres u optar a préstamos para afrontar la renta y otro tipo de ayudas como bonificaciones en suministros básicos.