Los establecimientos comerciales considerados no esenciales, que mantienen su actividad durante todo el año y que con la declaración del estado de alarma se vieron obligados a cerrarar sus puertas, percibirán una ayuda de 700 euros. A su vez, los negocios de temporada tendrán derecho a la mitad de este importe, 350 euros.
Así lo han pactado los ocho ayuntamientos de la Isla y el Consell, con el objetivo de paliar las fuertes consecuencias que está teniendo a nivel económico y empresarial la crisis del coronavirus.
La medida, debatida con las patronales, supondrá una inversión de 750.000 euros por parte de la institución insular, cantidad a la que cada municipio sumará sus aportaciones particulares para intentar llegar al máximo de comercios. Tampoco se descarta que pudieran ampliarse las cuantías de las ayudas, si hubiera aportaciones del Govern balear.
En estos momentos, apunta el conseller de Economía y Territorio, Miquel Company, el Consell está ultimando los detalles, que se darán a conocer en breve, con las aportaciones concretas para cada localidad y los criterios fijados.
Maó, punto de partida
Municipios y Consell han partido sobre la base que había iniciado el Ayuntamiento de Maó, ya que desde su área de Comercio y Turismo llevan semanas trabajando en esta línea para la convocatoria de estas ayudas, y han mantenido reuniones con el sector.
En cuanto a las aportaciones de los ayuntamientos, éstas serán variables en función de las posibilidades de cada uno. Así, en Maó se destinarán 300.000 euros y en Alaior, 130.000 euros. En otros municipios, como Ferreries, Es Mercadal o Ciutadella, están haciendo cálculos. «Esta semana tendremos la liquidación del año pasado y sabremos de qué cantidad disponemos», señala la alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, al recordar que «la ley permite destinar un 20 por ciento del superávit a causas sociales», indica.
Su homóloga en la localidad más próxima, Joana Febrer, apunta que en el Ayuntamiento de Ferreries están cuantificando los establecimientos que podrían acogerse a esta ayuda puntual y «estamos cerrando las bases para poder conceder estas ayudas», para ponerlas al alcance de las empresas lo antes posible. Al fin y al cabo se trata de «impedir que los comercios cierren» por dificultades económicas.
En Es Mercadal, Francesc Ametller todavía no puede detallar la cuantía de la aportación que hará el Ayuntamiento y también está a la espera de que el Consell fije lo que corresponde al municipio. Aún así, el alcalde recuerda que «esta ayuda no impide que saquemos otras líneas o ayudas para emergencia social, a las que se puedan acoger los autónomos».
En este sentido, los ayuntamientos trabajan para ayudar al máximo al pequeño comercio.
IBI y cánones
De este modo, en Alaior, aparte de los 700 y los 350 euros de estas ayudas, plantean «una bonificación de alrededor del 50 por ciento tanto en la tasa de recogida de residuos, como en la de ocupación de vía pública», indica su alcalde, José Luis Benejam. «Y para el IBI facilitaremos el fraccionamiento, el cobro se hará en dos recibos y quien necesite fraccionarlo más, se atenderá».
Algo similar sucederá en Ciutadella. «Los cánones de las concesiones —por ejemplo, de los servicios de playas, de los cines, o del quiosco de la Plaça de ses Palmeres— se cobrarán solo en la parte proporcional que se hayan utilizado, igual que la ocupación de la vía pública», detalla Joana Gomila. Además, «en Servicios Sociales incorporamos una trabajadora social para atender la solicitud de ayudas, porque se han duplicado», se agilizará el pago de facturas y se retomarán las obras públicas que se habían paralizado.
Gomila, al igual que Febrer o Ametller, recuerdan que no se puede atender la petición de los comerciantes de no cobrar el IBI u otros impuestos o tasas. «Es un tema de trámites y plazos, es más efectivo y más rápido conceder ayudas que modificar ordenanzas», afirma la edil ferrerienca.
En Maó, que ampliará hasta los 20.000 euros el convenio con Mô Comercial, creará un plan de impulso al comercio local, abrirá una oficina de mediación para alquileres de locales comerciales y habilitará una línea de 100.000 euros para adaptaciones de establecimientos, Héctor Pons concluye que, como en toda subvención, los beneficiarios deberán justificar los gastos y atender a unas obligaciones, como adherirse a una asociación empresarial o red de comercio electrónico, tener venta on line, implantar reparto a domicilio o adherirse a jornadas o ferias. «Intentamos que sean fáciles de cumplir para que puedan acogerse sin problemas».