Cala Galdana: vecinos con distintas normas al estar en dos municipios

La peculiaridad territorial de Serpentona y Cala Galdana, núcleos que comparten entorno como si fueran uno solo pero pertenecen a diferentes términos municipales, Ciutadella y Ferreries respectivamente, está provocando que los vecinos de ambas urbanizaciones turísticas estén viviendo una situación muy poco común, anecdótica.

Así lo demuestra el hecho de que la Policía Local advirtiera el pasado fin de semana a unos vecinos de Serpentona de que, teniendo en cuenta la normativa vigente y a estas alturas del plan desescalada, no pueden atravesar durante sus paseos la frontera entre ambos municipios, situada en el río de Cala Galdana. Peor aún, además de no poder pisar la playa, al pertenecer a un territorio de más de 5.000 habitantes, no como sus vecinos de al lado, tienen que someterse a unos horarios de salida restringidos. Que se haga cumplir normativas diferentes para vecinos que residen tan cerca resulta «exagerado» a ojos de Borja García, que vive durante todo el año en Serpentona. Especialmente al tratarse de una comunidad en la que entre ambas partes conviven durante todo el año en temporada baja algo más de medio centenar de personas. «Cuando sales a pasear es difícil encontrase con gente», resume García. Desde el otro lado del río, en Cala Galdana, Óscar Pons se pronuncia en la misma línea: «Somos cuatro gatos, pero nos sentimos todos una misma comunidad», defiende este otro vecino, quien evidencia que el descontento reina en ambas partes. La norma es clara, legalmente el cambio de municipio no es legal recuerda el inspector jefe de la Policía de Ciutadella, Ignasi Camps, quien en una situación así se decanta por la tolerancia:«Esas particularidades el BOE no las puede contemplar», defiende. Es por ello cuando habla sobre la labor de vigilancia que se está realizando dice que hacen «pedagogía social». Es decir, se advierte, informa y aconseja más que se sanciona. Una pedagogía a la que también hace referencia su homólogo en Ferreries, el inspector Simó Bosch. Este reconoce que el tema es «complejo», pero que se está haciendo cumplir las normas vigentes, con especial atención también a que no haya desplazamientos a segundas residencias.